La CE multa con 290 millones a 16 fabricantes de bolsas industriales
La Comisión Europea impuso ayer la mayor sanción de los últimos tres años a un cártel empresarial. 16 fabricantes de bolsas industriales deberán abonar en total 290 millones de euros por haber pactado los precios, según la CE, en España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Dos empresas españolas, Plásticos Españoles SA y Armando Álvarez SA, están entre las principales implicadas.
Las 16 empresas multadas fabrican bolsas grandes de plástico que, según explica la Comisión, se utilizan para embalar bienes industriales. En algunos casos, sin embargo, también sirven para envasar productos destinados a particulares, como fertilizantes, piensos o materiales de construcción. El mercado de ese tipo de embalaje en los seis países donde operaba el cártel (España, Francia, Alemania y el Benelux) estaba valorado en 2001 en 265 millones de euros. 'Los 16 fabricantes implicados controlaban la mayor parte de ese mercado', señala la Comisión.
El soplo de British Polythene Industries, una empresa británica del sector que también participaba en el cártel, permitió a la dirección general de Competencia de la Comisión iniciar las investigaciones hace más de tres años. Bruselas considera ahora probado que las 16 empresas pactaron precios y cuotas de venta, se repartieron los pedidos de los grandes clientes y se coordinaron para acudir a licitaciones y concursos. Como ha ocurrido en otros casos investigados por la Comisión, los directivos implicados aprovecharon las reuniones de su asociación profesional, Valveplast, para perfilar de manera subrepticia los acuerdos.
Las inspecciones por sorpresa realizadas por los funcionarios de la Comisión hallaron notas internas tan jugosas como la que recogía el nombramiento de 'un líder por cliente para coordinar la subida de precios'. Curiosamente, otra de las notas requisada aconsejaba a los directivos, parece que sin éxito, 'destruir todos los documentos relacionados con Valveplast en que se den cifras de repartos de mercado y precios'.
Bruselas aconseja a los afectados por el cártel pedir daños y perjuicios
'Estas notas atestiguan no solamente la existencia de los acuerdos entre los productores, sino también que eran conscientes del carácter ilícito de su comportamiento', señala la Comisión. Y la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, advierte que el rigor de las multas impuestas en este caso son 'un mensaje muy claro a los empresarios d e que estas conductas son inaceptables'.
La multa impuesta asciende a 290,71 millones de euros, la cuarta más importante a un cártel en la historia de la política comunitaria de competencia. Las dos empresas españolas implicadas, Plásticos Españoles SA y Armando Álvarez SA deberán abonar en total 42 millones de euros, sólo por detrás de la finlandesa UPM-Kymmene Oyj. La británica BPI se ha librado de un correctivo de 53 millones gracias a su colaboración con la Comisión.
Indemnizaciones
Pero Bruselas cree que la sanción no es castigo suficiente para una práctica que Kroes define como 'el principal obstáculo a la competencia'. La Comisión insta a todas las empresas o particulares que se sientan directamente perjudicadas por el cártel a pedir daños y perjuicios ante los tribunales nacionales. Se trata de una práctica habitual en Estados Unidos que Bruselas quiere que se generalice en Europa. La CE recuerda a los posibles damnificados que pueden utilizar la decisión aprobada ayer 'como prueba de que el comportamiento ha tenido lugar y de que era ilegal'.
Quizá les convenga, sin embargo, esperar a que termine el procedimiento a nivel comunitario. Las empresas sancionadas por la Comisión disponen aún de la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Los jueces comunitarios pueden confirmar el dictamen (lo cual ha ocurrido casi siempre), pero también revocarlo o reducir las sanciones impuestas.
La Comisión reforzó en junio de este año los efectivos que destina a investigar y demostrar la existencia de los cárteles que sanciona. Casi el 10% de todos los 600 funcionarios de la dirección general de Competencia que dirige Neelie Kroes se dedican ahora a esa labor.