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Contencioso

El árbitro del 'caso Cepsa' emitirá su dictamen en enero

El árbitro holandés encargado de resolver el conflicto de Cepsa ha comunicado formalmente a sus principales accionistas, Total y Santander, que, antes de que termine enero, dictará el laudo. Fuentes jurídicas consideran ya 'imposible' un pacto entre las partes y las supuestas negociaciones que el banco mantiene para dar una salida a su participación, hoy congelada, así lo demostrarían. Su destino depende de la sentencia final.

Los peores pronósticos sobre la duración del arbitraje de Cepsa se han superado. Hoy se cumplen dos años desde que el árbitro del tribunal de La Haya encargado de resolver la disputa que mantienen los dos principales accionistas de la petrolera, Total y Santander, decretara la inmovilidad de las acciones del banco (un 32,7%), como medida cautelar mientras se resolvía el arbitraje.

En aquel momento, las previsiones apuntaron a que el arbitraje se prolongaría hasta bien entrado 2005. Pero ya no se cumplirán. El mespasado el árbitro holandés envió sendas cartas al Santander y Total en las que les comunicaba 'que el laudo será publicado antes de que termine el mes de enero', según fuentes jurídicas. Esta es la primera vez que el árbitro comunica a los accionistas una fecha para la sentencia de un arbitraje 'que ha resultado muy complicado', según las mismas fuentes. æpermil;stas dan ya 'por imposible' cualquier tipo de acuerdo previo entre las partes.

En el entorno de la operación aseguran que las posiciones están enconadas y que, tanto el Santander como Total, están convencidos de que tienen razón, por lo que prefieren esperar a que se dicte el laudo. De hecho, hay quien interpreta que el aviso del árbitro (en general, los jueces privados prefieren que las partes pacten) es una manera de ejercer presión para propiciar un acuerdo de última hora.

Varios rumores atribuyen al banco negociaciones para vender sus acciones en Cepsa una vez termine el arbitraje

Tras la celebración de la vista el pasado mes de marzo y, una vez que los litigantes entregaran sus escritos de conclusiones en mayo y junio, sólo queda esperar a enero.

En estos dos años no han faltado rumores esporádicos sobre las distintas negociaciones que habría mantenido el banco que preside Emilio Botín para dar salida a su participación, aún congelada, en Cepsa. Unos apuntaban hacia fondos de inversión, otros a cajas de ahorros y, los más recientes, al socio kuwaití IPIC, que tiene un 9,5%, y a Unión Fenosa, que cuenta con un 5% de Cepsa.

Ninguna de estas conversaciones han sido confirmadas oficialmente y, mucho menos, el contexto en el que se produciría la venta de una participación alta, pero no de control (Total tiene directa e indirectamente un 45% de Cepsa) y si se ha tenido en cuenta en las mismas la solución arbitral sobre el pacto parasocial al que están atados los dos accionistas y cuya vigencia es el punto crucial que se dirime en La Haya.

De hecho, aunque las partes se han reclamado fuertes indemnizaciones por daños y perjucios, en los procesos de arbitraje el pago de penalizaciones no suele ser habitual, indican en ámbitos jurídicos. Lo que realmente está en juego es si el árbitro admite o no la validez de la ley española de transparencia que declaró ineficaces dichos pactos. A esta nulidad apeló el banco para lanzar la opa por el 16% de Cepsa en septiembre de 2003 que llevó a Total a recurrir a un arbitraje internacional. Los pactos impiden a los dos socios comprar o vender acciones sin consentimiento mútuo.

Según fuentes de la operación, el árbitro debe determinar si la norma española es aplicable en todo, en parte o en nada al caso, o si se debe recomponer la situación anterior a la opa, obligando a realizar una oferta de venta de las acciones adquiridas en la opa. Y, en este caso, a qué precio. Emilio Botín ofreció 28 euros por acción y consiguió comprar un 12,13% del capital, con un desembolso de 908 millones. A lo largo de 2004 no hubo sobresaltos pero ya en 2005, ante las expectativas de la solución arbitral y en línea con los fuertes incrementos del sector petrolero, la acción ha llegado a superar los 46 euros.

López Jiménez, vocal

 

El consejo de Cepsa ha nombrado nuevo vocal con carácter provisional al presidente de Fenosa, Pedro López Jiménez. æpermil;ste ocupará la vacante de Antonio Basagoiti, anterior presidente de la eléctrica, que representaba a la sociedad de cartera Somaen Dos.

Un conflicto que atrapó en medio a Unión Fenosa

 

El 26 de septiembre de 2003 el Santander soprendió al mercado con una opa sobre el 16% de Cepsa. La entidad había expresado en reiteradas ocasiones a su socio Total (con un 45%) su deseo de vender su paquete del 19,9%. En virtud de los pactos parasociales heredados, ninguno de los dos socios puede vender o compara acciones de Cepsa sin el consentimiento del otro. El presidente del Santander, Emilio Botín, apeló a la ley de transparencia aprobada en el verano de 2003 que declaró nulos los pactos parasociales entre socios con más de un 25% del capital. Total reaccionó haciendo uso de una claúsula de arbitraje incluida en los pactos y a la que los socios podían recurrir en caso de 'diferencias insuperables'. El árbitro decidió, como medida cautelar, inmovilizar las acciones del banco que, al estar depositadas en la sociedad de cartera Somaen Dos, en la que Fenosa tiene también un 5% de Cepsa, dejó también congelada la participación de la eléctrica.

El banco pidió 'buena fe' para un acuerdo que no ha llegado

 

Tras la oferta del Santander sobre Cepsa, Total dejó muy claro que no lanzaría una contraopa, tal como pretendía Emilio Botín, según interpretó en aquel momento el mercado. Por el contrario, optó por desvelar ante la CNMV el contenido de los pactos que mantenía con la entidad española y recurrió a un arbitraje internacional. Con una tropa de abogados encabezados por Freshfields (Total) y Uría y Menéndez (Santander) tras una sonora audiencia en Bruselas, el árbitro decretó la inmovilización de las acciones hace justo dos años. Desde entonces, las informaciones oficiales han sido prácticamente inexistentes. Sólo el pasado mes de mayo el banco reconoció que Total había solicitado que se devolvieran las acciones compradas en la opa y que reclamaba una opción de compra a un bajo precio del 4,5% de Cepsa que figura en los pactos. El banco desestimó estas peticiones y pidió a Total 'buena fe' para negociar una solución al conflicto.

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