CC OO culpa al Gobierno de devolver a UGT bienes que no puede acreditar
El sindicato Comisiones Obreras facilitó ayer un documento del Gobierno, con sello del Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo reconoce que no se puede acreditar que el patrimonio sindical que va a devolver a UGT fuera de su propiedad o, ni siquiera, si fue realmente incautado durante la guerra civil o la dictadura. Con este documento pretende que los partidos rechacen hoy en el Parlamento el decreto que autoriza la devolución de patrimonio a la UGT por valor de 151 millones de euros.
Comisiones Obreras intentó hasta ayer convencer a los partidos políticos de que hoy deberían rechazar en el Congreso de los Diputados la aprobación del Real Decreto que fija la revalorización del patrimonio sindical histórico de UGT y CNT, que supuestamente les fue incautado durante la guerra civil y la dictadura franquista, y que el Gobierno tiene previsto devolver a estos sindicatos.
Desde hace tiempo, CC OO viene asegurando primero en privado y ahora en público que UGT no puede acreditar la titularidad de los bienes que reclama y que el Gobierno planea devolverle, por valor de 151.301.040 millones de euros. Ayer, el sindicato que dirige José María Fidalgo dio un paso más en sus argumentaciones en contra de la devolución del patrimonio, e hizo público un documento oficial del Gobierno, con sello del Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo admite que hasta el momento no se ha producido esta devolución porque existía una 'enorme dificultad, por no decir imposibilidad' de acreditar los requisitos que exige ley vigente.
En concreto, el Gobierno admite en dicho texto que 'la problemática de los expedientes (de reclamación) reside en que: se trata de patrimonio (inmobiliario o financiero) considerado procedente de entidades sin carácter sindical o inmuebles en los que no queda acreditada suficientemente su incautación o la vinculación con la organización sindical reclamante, mientras que en las cuentas corrientes queda sin poder determinarse la vinculación del titular de la cuenta con la organización sindical o no queda acreditada la incautación'.
Pese a lo dicho en este documento, el Gobierno ha decidido pagar a UGT. Para ello, el Decreto del Ejecutivo que se somete hoy a votación en el Congreso de los Diputados modifica los requisitos de acreditación de éstos bienes y sus criterios de valoración, de forma que el patrimonio que hasta ahora no se ha podido acreditar, se devuelva por una cantidad equivalente a los 151 millones citados. En este sentido, el líder de CC OO, José María Fidalgo, reprochaba ayer que esta cantidad 'curiosamente coincide con otra cantidad de un crédito impagado', refiriéndose con ello al crédito que UGT tiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el caso de la cooperativa de viviendas PSV.
Subsidio con el erario público
Fidalgo aseguró ayer que 'es un asunto muy grave' ya que 'el Estado no puede otorgar a nadie lo que documentalmente no se puede acreditar'. Por este motivo, el líder sindical acusó al Ejecutivo de querer 'subsidiar (a UGT) de manera artera con el erario público'.
En opinión de los servicios jurídicos de CC OO la devolución de los 151 millones supone 'una subvención encubierta' que vulnera el derecho constitucional de libertad sindical. Dicho esto, Fidalgo preciso: 'no estamos litigando por ninguna subvención, no queremos subvenciones sino que la legalidad funcione'. El sindicato también critica que el Gobierno haya usado la vía urgente del decreto para cambiar los criterios de devolución del patrimonio. 'La Constitución dice que en algunas materias no se puede legislar con determinados vehículos', insistió Fidalgo.
Si el Congreso respalda hoy este Decreto, CC OO anunció ayer que recurrirá a los tribunales la decisión de la Cámara Baja. Además de sus servicios jurídicos, el sindicato ha encargado un documento a PricewaterhouseCoopers, que también pone de manifiesto la posible inconstitucionalidad del Decreto y añade que 'se desconocen las bases sobre las que el Ministerio de Trabajo valora el impacto económico del Decreto', lo que genera 'falta de seguridad jurídica y de transparencia'.
La UGT se defiende
El sindicato UGT salió ayer al paso de lo que consideró 'graves acusaciones' por parte de CC OO. En un comunicado, la central que dirige Cándido Méndez asegura que 'las afirmaciones de la dirección de CC OO no tienen fundamento y son radicalmente falsas'. UGT asegura que dispone de todos los documentos que justifican la titularidad del sindicato de todos los inmuebles, cuentas corrientes y bienes muebles de otra naturaleza que la central ha reivindicado. Además precisa que 'ha acreditado plenamente esta titularidad ante la Administración del Estado'. Por ello, los ugetistas insisten en que 'el sindicato no ha reclamado nada ni va a reclamar nada que no les haya pertenecido durante la República y la Guerra Civil'.UGT va más allá, al sugerir que la actitud de CC OO no es propia de demócratas, ya que 'la restitución de una injusticia histórica a un sindicato, como todo demócrata sabe es un acto de reparación de la libertad sindical' y no lo contrario como argumenta Comisiones. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, dijo ayer que la devolución del patrimonio 'responde a un criterio de justicia'.