El Gobierno propone retrasar la prejubilación e incentivar la vida laboral en su propuesta de reforma de la Seguridad Social
El Gobierno propone retrasar la jubilación voluntaria de los 60 a los 61 años, mantener en 65 años la ordinaria e incentivar la ampliación de la vida laboral tras esta edad. Estas son algunas de las medidas que recoge la propuesta del Gobierno para la reforma de la Seguridad Social que presentó hoy el secretario de Estado de este área, Octavio Granado, y que está negociando con la patronal y los sindicatos.
Las propuestas están encaminadas a la prolongación de la vida laboral, la mejora de la relación entre las aportaciones a las arcas de la Seguridad Social y las prestaciones recibidas, y la adecuación de las pensiones de viudedad y de invalidez para corregir las "injusticias" del sistema, según dijo.
Granado justificó esta reforma en la necesidad de prever los problemas a los que se enfrentará en el futuro la sociedad española, entre los que citó el envejecimiento de la población, la necesidad de incrementar el gasto en ayudas a las familias y la atención a las personas con falta de autonomía personal.
Las principales reformas
Entre las principales reformas, el Gobierno impulsará la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años, para lo que "se aumentarán los incentivos a los empleadores y a los trabajadores". El Ejecutivo quiere incrementar las bonificaciones a los empresarios para que mantengan en plantilla a los trabajadores más veteranos, así como ofrecer ventajas -que no precisó- para los que retrasen ese momento.
Así, propone retrasar a los 61 años la posibilidad de anticipar la jubilación, excepto para los trabajadores en cuyo empleo tengan condiciones penosas, así como los que no tengan posibilidad de otra opción laboral.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende reequilibrar el panorama "confuso" de las jubilaciones anticipadas y homologar los requisitos, puesto que, según dijo, hay "muchas" modalidades de jubilación anticipada, con distintos procedimientos de cálculo de cuantías, "que generan agravios a los trabajadores que agotan su periodo laboral".
De esta manera, pretenden corregir la situación actual que da mayor protección a las personas que se jubilan voluntariamente de forma anticipada frente a los que acceden a la jubilación por causa de despido en los últimos años de su carrera profesional.
Asimismo, dijo, se quiere acercar la correspondencia entre la aportación de los contribuyentes y las prestaciones, para lo que se incrementarán las bases de cotización a los trabajadores que coticen durante menos tiempo.
Por otra parte, Granado apuntó que se revisará el concepto de incapacidad temporal, ya que "no queremos empeorar el sistema, pero hay un pequeño contingente que hace un uso indebido de la prestación", dijo, por lo que "se hace necesario la homologación del sistema de cotizaciones", al tiempo que se apuesta por la mejora del subsidio de gran invalidez a los trabajadores con menor pensión.
Las pensiones de viudedad
En cuanto a las pensiones de viudedad, el Ejecutivo propone una reforma en la definición de los beneficiaros y, otra integral, para adecuarlas a las "nuevas situaciones familiares" de dependencia económica.
La primera se refiere a la incorporación de nuevas situaciones familiares, como el divorcio o las parejas de hecho, y adecuar la cuantía de la pensión a la capacidad económica del benefactor, así como dar preferencia a las personas que dependan de la prestación para subsistir.
En cuanto a la reforma integral, Granado explicó que se analizará la estructura del mercado laboral español con la intención de "aumentar la cuantía para las personas más dependientes y reducirla a los que tienen otras rentas". No obstante, advirtió, el conjunto de medidas no modificarán los derechos adquiridos y habrá un "respeto absoluto" a las actuales pensiones.