Madrid privatizará parte de la gestión del metro para hacer frente a la deuda de Mintra
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya tiene diseñada la operación financiera para dar salida a la asunción, por parte del Gobierno regional, de la deuda de la empresa pública Mintra (encargada de la construcción del metro), tal y como le obliga la Unión Europea. Se trata de una compleja operación 'a cuatro bandas', en la que se ha buscado 'garantizar la titularidad pública de los bienes, la eficacia de la gestión y evitar incurrir en déficit fiscal', según indicaron a Cinco Días en fuentes de la Consejería de Hacienda.
Una parte de los ingresos que financiarán Mintra provendrá de la 'cesión privada de la construcción y gestión' de una parte de la red metropolitana, el denominado metro ligero (que engloba el Metronorte y Metroeste de la región). Se hará vía concesiones administrativas, garantizándose la titularidad pública de la red, método por el que se prevén obtener 625 millones de euros.
Una segunda parte procederá de la 'cesión a un tercero de los derechos del material móvil rodante que se está fabricando', es decir, la cesión a una empresa privada de parte de los trenes propiedad de Mintra, para que la adjudicataria los alquile, a su vez a Metro, a precios de mercado. Se recibirán cerca de mil millones.
En tercer lugar, Mintra se financiará vía presupuestos regionales. Para 2006 hay consignada una partida de 204 millones. Por último, Mintra cuenta con sus ingresos propios, procedentes del alquiler de las líneas del suburbano. En su mayor parte, los ingresos propios proceden del llamado Metrosur (conexión de la capital con los principales municipios del sur de la comunidad) y de la ampliación de la línea 10 del suburbano. Por este método se prevé obtener en 2006 unos 206 millones. La deuda de Mintra supera los 3.000 millones de euros, que se sumarán a los más de 9.000 millones de deuda que tiene el Gobierno regional.
Decisión de Eurostat
La agencia de la UE, Eurostat, declaró en febrero que Mintra debía ser considerada como 'empresa pública' a efectos de contabilidad nacional, al no financiarse al menos al 50% con ingresos propios, con lo que obliga al Gobierno regional a asumir su endeudamiento.