Zapatero advierte que la nueva financiación llegará por ley estatal
Advertencia a Cataluña: el nuevo modelo de financiación autonómica no lo decidirán las comunidades en sus estatutos, sino que se configurará en una ley estatal. Este fue el principal aviso lanzado ayer por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el debate sobre el estado autonómico que se celebra en el Senado.
Esta aclaración de Zapatero tuvo lugar delante de 15 de los 17 presidentes autonómicos, una semana después de la aceptación a trámite de la propuesta de Estatuto catalán, seguida de las amenazas veladas de CiU y ERC de retirar el texto en caso de que se desnaturalice el modelo de financiación a él incorporado. Zapatero fue ayer rotundo: 'Los Estatutos de autonomía pueden intervenir en este ámbito, pero la configuración del sistema se realiza en una ley estatal y tras una concertación con las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal'.
El propósito de Zapatero es llegar a fin de año con los principales cambios en el Estatuto pactados para que en febrero la Comisión Constitucional afronte con la lógica escenificación política, pero sin grandes tensiones reales, el proceso de enmiendas. Con este calendario, el presidente anunció ayer que en enero nacerá dentro del Consejo de Política Fiscal un grupo de trabajo para 'comenzar a concretar los principios' del nuevo sistema de financiación. El propósito del Gobierno es que este grupo trabaje de forma paralela a la Comisión Constitucional, a fin de que las demandas de Cataluña vayan teniendo un encaje razonable en el modelo global que termine por establecerse para el resto de las comunidades.
Zapatero insistió ayer en que el Gobierno considera 'irrenunciable' que el Estado mantenga como propios aquellos impuestos que constituyan 'el tronco común de nuestro sistema fiscal' y garanticen 'la unidad de mercado', en clara referencia al IVA y a Sociedades. 'Como presidente de un Gobierno socialista', agregó, 'tengo que asegurar que el sistema garantice que todos los ciudadanos, independientemente de su comunidad de residencia, podrán exigir un nivel similar de servicios'. El presidente situó en la solidaridad el 'límite absoluto' a las modificaciones que se introduzcan en el modelo de financiación, 'para evitar penalizar a las comunidades que realicen un mayor esfuerzo fiscal'.
Todos los presidentes que intervinieron ayer, salvo Pasqual Maragall, expresaron también su rotunda oposición a que el nuevo modelo de financiación sea decidido de forma bilateral. Los presidentes con militancia socialista que más claro hablaron en este sentido fueron el andaluz, Manuel Chaves, y el asturiano, Vicente Álvarez Areces. Este último, además, consideró llegado el momento de empezar a reducir distancias entre el sistema general y el régimen foral.
Elogio de la Corona
Maragall fue el segundo en intervenir por la ausencia en el debate del lendakari Juan José Ibarretxe. Subió a la tribuna para elogiar el 'coraje' de Zapatero y proclamar que se siente 'más catalán y español que nunca'. El presidente de la Generalitat, que esquivó entrar en detalles sobre el Estatuto catalán, tuvo también un mensaje de elogio hacia la Monarquía por el papel desempeñado desde la transición. 'La Corona ha jugado en este proceso, de manera tan efectiva como discreta, su papel de garante de la unión de los pueblos que forman la nación de naciones que es España', señaló Maragall. El presidente catalán fue uno de los que visitó durante la mañana a su homólogo extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se recupera de un infarto.
La guerra del agua llega al Senado
Los presidentes de Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón centraron ayer buena parte de sus discursos en la llamada guerra del agua. Los dos primeros, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, reivindicaron el trasvase del Ebro mientras que el representante de Aragón, Marcelino Iglesias, advirtió que permanecerá 'vigilante' ante las intenciones de las autonomías que 'pretendan arrogarse derechos en materia hidráulica' porque 'nadie puede tener la llave de una cuenca que compartimos nueve comunidades autónomas'.Iglesias aseguró que defiende el principio de unidad de cuenca y que la planificación hidrológica se realice desde el Ministerio de Medio Ambiente con la participación de las autonomías.Aragón, abundó su presidente, no pretende en su reforma estatutaria 'blindar' el Ebro , sino establecer una fórmula jurídica que asegure y garantice el uso de los recursos hídricos 'evitando amenazas como la del trasvase del Ebro'. Iglesias aseguró que 'no es posible' pedir solidaridad 'de los más poderosos a los más débiles', porque eso es 'una perversión de la solidaridad'. En este momento fue cuando arrancó los únicos aplausos de su discurso.Lo mismo que se puede llevar agua desde Aragón -una comunidad con 25 habitantes por kilómetro cuadrado- al Levante, concluyó Iglesias, 'se pueden llevar iniciativas de desarrollo del Levante a Aragón y producir más'.A su juicio, la única diferencia entre la sequía que ha vivido Levante y la de Aragón es que en esta última comunidad hubo que abastecer con camiones directamente a 130 pueblos para beber, no para regar.
Preocupación compartida por la inmigración
Buena parte de los presidentes autonómicos que intervinieron ayer en el Senado, con independencia de su signo político, expresaron su preocupación por los problemas sin resolver que está causando el fenómeno de la inmigración, por culpa de flujos mal organizados y de una sobresaturación de los servicios más directos que desde las distintas administraciones se prestan al ciudadano, especialmente los relacionados con la educación y la sanidad.El presidente andaluz, Manuel Chaves, demandó una gestión ordenada de los flujos, una política de integración acertada y un esfuerzo decidido por la cooperación al desarrollo. Estos tres pilares necesitan, dijo, 'de voluntad y de instrumentos de cooperación y coordinación porque ninguna comunidad puede hacer frente por sí sola a las consecuencias de este fenómeno'.El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, reivindicó una política de 'lealtad y diálogo' como principios que deben presidir las relaciones entre las distintas administraciones para hacer frente a la inmigración.Otro de los presidentes que hizo hincapié en este problema fue el de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, pues en esta comunidad es un fenómeno 'que ha crecido de forma sobredimensionada' y que ha repercutido en la calidad de los servicios que se prestan en educación y sanidad.El presidente de Cataluña, Pasqual Maragall, abogó por reforzar el trabajo que realizan las comunidades para integrar a los inmigrantes. Su comunidad es una de las más afectadas por este problema.