Devolución del patrimonio

Fidalgo quiere frenar el pago de la deuda histórica a la UGT

La dirección confederal de Comisiones Obreras ha pedido al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que congele la decisión de devolver 'este año' el patrimonio sindical histórico a la UGT. A juicio de Comisiones, la decisión puede condicionar la marcha de la negociación de la reforma laboral y de la Seguridad Social, además del proceso de elecciones sindicales de 2006.

El Gobierno publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto en el que establece un plazo definitivo (31 de enero) para que los sindicatos que sufrieron el expolio de su patrimonio durante el franquismo puedan formular las peticiones permitentes de devolución, siempre con la documentación acreditativa correspondiente. Además, posibilita esta norma la posibilidad de reclamar bienes que en el pasado hubiesen sido denegados por defectos en los expedientes, y revisa la valoración de los activos (generalmente inmobiliarios) para actualizar el precio que antes la ley limitaba a la valoración realizada por la consultora inmobiliaria Richard Ellis en 1986.

Esta devolución podría ascender a una cantidad suficiente para que la UGT cancelase su deuda con el Instituto de Crédito Oficial, que asciende a 150,967 millones de euros en concepto de principal e intereses no pagados por los crédito contratados para solventar la crisis financiera de UGT a raíz del fracaso de la cooperativa de viviendas PSV. El pago del patrimonio se ejecutaría este año, según fuentes de Trabajo (Ver Cinco Días de 4 de noviembre de 2005).

Sin embargo, la decisión podría ser revisada si prospera la queja que ha elevado Comisiones Obreras al ministerio de Trabajo, por considerar que esta devolución financiera debería hacerse en un momento en el que no contaminase la negociación sobre el futuro del mercado de trabajo, ahora abierta, y la de la reforma de la Seguridad Social, de apertura inminente.

La central que lidera José María Fidalgo ha entregado un informe jurídico al titular de Trabajo en el que recuerda que la devolución debe cumplir todos los requisitos legales y administrativos, tal como se ha exigido en el proceso a los partidos políticos. El titular de Trabajo defendió, en reunión con Fidalgo el pasado jueves, la decisión del Gobierno como 'razonable'.

Fuentes de Comisiones Obreras aseguran que el momento elegido por el Gobierno para la devolución del patrimonio no es neutral, ya que se produciría en un momento en el que comienza un nuevo proceso de elecciones sindicales (2006), que puede estar también condicionado por la situación financiera de los dos grandes sindicatos.

Además, la devolución del patrimonio (aún no cuantificada) vulnera los acuerdos logrados por los dos grandes sindicatos en los primeros años noventa para regular el reparto de subvenciones estatales a los sindicatos, y que fue uno de los pactos que sellaba la unidad de acción de las dos grandes centrales de clase. En aquel documento, UGT y Comisiones Obreras aceptaban un reparto igualitario de las subvenciones, independientemente del número de delegados que cada uno obtuviese en las elecciones sindicales (entonces tenía mayoría ya Comisiones Obreras).

Por otra parte, se comprometían a que cualquier devolución ulterior que existiese de patrimonio histórico incautado por el franquismo (del que sólo es acreedora la UGT y la CNT, además de algunos partidos políticos), debería ir acompañada de una operación similar de entrega de patrimonio sindical acumulado, del que es acreedor también Comisiones Obreras.

La operación del 86

En 1986 el gobierno socialista de González hizo la primera entrega de dinero a UGT (4.000 millones de pesetas) en concepto de compensación por el patrimonio incautado por Franco. La operación se realizó sin proceso de negociación abierto (el AES se había firmado en 2004 y estaba vigente), pero arrancaban entonces las elecciones sindicales de 1986.

El Congreso deberá convalidar el decreto

La UGT asegura que puede acreditar la devolución de patrimonio histórico sindical por valor de 281 millones de euros. Así figura en el Informe de Gestión de la dirección del sindicato aprobado en el 39 Congreso Confederal de la central celebrado en junio pasado.

En la inauguración de este Congreso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, puso de manifiesto su sintonía con el sindicato asegurando que tenía el carné de UGT 'en la mesilla de noche'.

Ahora, el Gobierno ha decidido solucionar el problema financiero que UGT ha ido acumulando desde 1997. 'Hemos hecho lo que teníamos que hacer, dar carpetazo a un asunto que en algún momento se tenía que solucionar', aseguraban a este periódico fuentes del Gobierno.

Dicho esto, un portavoz del Ejecutivo precisa que el texto final del Real Decreto que permitirá la revalorización de los bienes de la UGT y la presentación de todos los expedientes de reclamación, deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados. Aunque, añadió que no se prevén cambios en el Real Decreto por parte del Gobierno.

En su opinión, se trata de 'un acuerdo razonable para la Administración' ya que no se dará a la UGT todo lo que pide (una primera estimación cifra la devolución en 151 millones, lo necesario para saldar el préstamo del Instituto de Crédito Oficial).

Además, estas mismas fuentes aseguraron no entender las razones que podrían llevar a Comisiones Obreras a intentar parar esta devolución de patrimonio sindical. No comparte el argumento de que no sea el momento adecuado 'porque nunca va a serlo' y añadió que no se entendería que 'el sindicato hermano no se alegrara de que a UGT le devuelvan lo que en su día le robaron'.

En el Ejecutivo también consideran que esta devolución no hipotecará la postura de UGT en la negociación del diálogo social: 'en 1986 se les devolvió más dinero y UGT hizo varias huelgas generales al Gobierno del PSOE'.