Presupuestos y ciudadanos desinformados
La propuesta de un nuevo Estatuto para Cataluña ha abierto la caja de Pandora y de ella han salido todo tipo de pasiones. El autor señala al dinero de los Presupuestos Generales del Estado como la gran preocupación de los ciudadanos
æscaron;ltimamente se habla mucho de política y poco de economía, a veces para expresar el cansancio que causan los temas que un día y otro trata la prensa, y a veces para hablar de ellos. Como es de suponer, la reforma del Estatuto catalán está presente en ambos tipos de conversaciones.
Es normal que el tema levante todo tipo de pasiones, ya que el resultado que finalmente aprueben las Cortes puede condicionar notablemente el futuro de las instituciones españolas. Por eso precisamente produce terror el comprobar que tales pasiones se cimientan casi siempre en una información de escasa o nula calidad. Permítanme explicarme.
La mayoría de palabras no significan lo mismo según quien las diga o quien las escuche. Casi todas son términos interpretables. Los propios padres de la Constitución se valieron de esta ambigüedad para lograr el consenso que hizo posible su aprobación -y sin el cual nada de lo que se haga hoy será válido-. No existe ninguna ambigüedad en lo que desean la gran mayoría de los ciudadanos y empresarios españoles: evitar fracturas sociales, acabar con la tensión política y mantener la unidad de mercado; pero sí en la forma en que cada uno cree que puede lograrse.
Sólo conociendo con exactitud las balanzas fiscales se puede hablar de solidaridad o de reparto justo
Pero hay una minoría de términos que no son interpretables. Las cifras, salvo que se escondan en porcentajes y segundas derivadas, sólo tienen una lectura posible. El dinero a compartir entre los españoles es el que cada año aparece reflejado en los Presupuestos del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos, sobre todo ahora que Gobierno y oposición están de acuerdo -aunque cada uno haga también su propia interpretación- en que debe haber equilibrio en las cuentas públicas.
El dinero y la economía son el verdadero epicentro del problema. Son el punto donde se encuentra el verdadero debate -aunque a menudo quede oculto en la confrontación política- y la preocupación de los ciudadanos. La cuestión es, ¿cómo es posible que viviendo en un mismo país la percepción de cómo se están repartiendo los recursos comunes sea tan diferente?
Esta situación se debe a que los Presupuestos, como tantas otras cosas, siempre se leen de muchas maneras. A sus números se les añaden términos que les hacen interpretables, que relativizan su valor. Así, atendiendo a diferentes criterios, se pueden hacer múltiples rankings, con distintos ganadores y perdedores. Según el interés, se puede utilizar la cifra absoluta de fondos que recibirá cada comunidad o hacer el cálculo en términos per cápita. Lo malo es que quienes usan estos cuadros generalmente no dicen que hay un volumen muy significativo -por ejemplo, la mayor parte del presupuesto para I+D+i del Ministerio de Industria- que no es regionalizable. La inversión en infraestructuras sí que lo es, pero en este caso los famosos rankings adolecen de otro problema: los beneficios que producen estas actuaciones son extensibles a otras comunidades -a veces incluso, como cuando se construye una vía de tren o una autopista, son mayores que en los sitios donde se localiza la inversión-.
Más que cualquier reforma estatutaria o constitucional, la existencia de verdades tan alejadas a la que dan lugar todas estas interpretaciones sí que pueden suponer una fragmentación del país. El problema de fondo de este profundo desencuentro es que parece que nadie quiere saber la verdadera verdad. Cuando analizan los presupuestos o los marcos financieros, los políticos y los medios de comunicación de cada comunidad parten siempre de ideas preconcebidas. Se basan en estudios hechos por partes interesadas para demostrar unas conclusiones que tenían en su cabeza de antemano.
Las voces que tantas veces denuncian situaciones injustas en pocas ocasiones se animan a ejercer la sana autocrítica y a exigir unos datos fiables y objetivos que ofrezcan la imagen real de lo que está pasando, sin miedo a que sus ideas sean incorrectas. Y cuando los tienen, se callan. Es algo inaudito, porque si en estos momentos España se esta jugando su futuro como país, el debate debería asentarse sobre unos datos fiables, objetivos, elaborados por el Gobierno y aceptados por las comunidades autónomas. Unos datos que no intenten convencer de que los impuestos que paga una empresa se generan en su comunidad -sino en todo el territorio nacional- ni de que, por ejemplo, la inversión en la circunvalación de Zaragoza tiene beneficios sólo para los aragoneses -madrileños y catalanes también salen ganando-. Sólo sobre esta base, conociendo con exactitud las balanzas fiscales, se puede hablar de solidaridad o de reparto justo.
Sin esta información no habrá una solución aceptable. Siempre habrá quien se sienta perjudicado o indignado y esté dispuesto a reabrir debates inacabados. Así será imposible zanjar la cuestión y empezar a hablar de las cosas que preocupan al resto del planeta, los asuntos que dan de comer a todos los ciudadanos.