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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Después de los pescadores

El conflicto de los pescadores, que habían bloqueado los principales puertos del país y desabastecido las lonjas de pescado, quedó ayer resuelto con un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las cofradías de pescadores -excepto del País Vasco- por el cual el Estado concederá una ayuda de 9,5 céntimos de euro por litro de gasóleo, un 60% más de la ya existente. El acuerdo se logró de mañana tras 18 horas seguidas de conversaciones, lo que da idea del ansia por llegar a un pacto.

La solución llega después de cuatro días de bloqueos en los puertos, una medida desproporcionada que excede con mucho el derecho a la huelga y se convierte en un problema de orden público. Se registraron incidentes en torno a los piquetes e incluso hubo airadas protestas de los viajeros con destino al norte de África, víctimas accidentales del problema. Ante la alarma ciudadana, el Gobierno ha actuado con rapidez buscando un pacto, lo que ha implicado hacer concesiones. No se puede objetar la disposición al diálogo, pero cabe dudar de la habilidad negociadora del Gobierno.

Y es que se repite el guión que apenas una semana atrás habían interpretado los transportistas: varios días de paralización de la actividad en centros neurálgicos del sector, mercados desabastecidos y rápido y generoso acuerdo para la concesión de ayudas que compensen el alza del petróleo. Los siguientes pueden ser los agricultores. Asaja advertía ayer del inicio de movilizaciones 'no pacíficas'.

Es innegable que pescadores y transportistas, como los agricultores, los taxistas y otros muchos sectores, se ven perjudicados por el alza del combustible. Y es razonable que en un momento de choque de precios se arbitren medidas para ayudar a esos sectores, siempre que estén acotadas en el tiempo. Porque, si persiste el crudo caro, todo el aparato productivo tendrá que adecuarse a ello y no precisamente con subvenciones. Sin olvidar que las ayudas fiscales, desaconsejadas por la Unión Europea, no contribuyen precisamente a desincentivar el consumo de un bien caro y escaso.

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