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Columna
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El precio francés

Entrevistado ayer por Carles Francino en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, el vicepresidente de las cofradías pesqueras de Barcelona, José Antonio Caparrós, se mantuvo en sus trece. Pareció inasequible para avenirse a razones y atender a los problemas originados a los ciudadanos de a pie con el bloqueo de los puertos. Para Caparrós toda la responsabilidad debía cargarse sobre el Ministerio de Agricultura y Pesca y la solución pasaba necesariamente por lo que llamaba el precio francés. Es decir, un acuerdo análogo al obtenido bajo presión por sus camaradas franceses que consistiría en un precio fijo para el combustible de uso profesional al abrigo de las evoluciones al alza de los precios del crudo.

La escucha de Caparrós resultaba muy esclarecedora para entender el poder de extorsión que sectores a veces muy reducidos tienen sobre el conjunto de la sociedad. Ese poder se basa en la capacidad de estrangular determinados servicios públicos, que les están confiados, como sucede con los controladores aéreos, o de tener en sus manos la paralización de los transportes o el bloqueo de la entrada de pasaje y mercancías en los puertos, como ha sido el caso de estos días en Barcelona, Valencia y demás.

Decía literalmente, con toda insolencia, Caparrós que 'la señora ministra parece ser que no acaba de enterarse que nosotros lo único que pedimos es el precio francés, queremos un precio fijo, no queremos que nos den ninguna cosa extraordinaria para estar divagando si son 19 pesetas o 15 o 14. Lo único que va a hacer así es alargar el problema'. Y concluía que 'en el puerto de Barcelona, las embarcaciones que permanecen bloqueándolo han votado y han declarado inadmisible la actitud de la señora ministra y por supuesto bajo esa oferta no estamos conformes en negociar'.

El ejemplo francés tenía absorto a Caparrós, quien explicaba cómo 'el año pasado los pescadores franceses cerraron durante cuatro días el puerto de Marsella hasta que se reunieron en París para alcanzar un acuerdo que se cumplió a rajatabla. Esto no ha ocurrido aquí y por lo tanto nosotros no somos responsables'.

Cuando el director del programa de radio Carlos Francino insistía sobre las consecuencias que la protesta de los pescadores acarreaba en perjuicio de los consumidores, las compañías navieras y los transportistas, nuestro Caparrós replicaba 'que desoír a un sector en situación supercrítica desde hace un año tampoco es el sistema y que, como decía ayer el alcalde de Rosas, los políticos son los que tienen que desbloquear las situaciones'.

O sea, que leña al mono hasta que hable inglés y las reclamaciones al maestro armero. La información de mediodía de ayer daba cuenta de que los pescadores y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación habían firmado un acuerdo para poner fin al bloqueo de los puertos, que las cofradías más reticentes, las de Cataluña y Valencia, habían cedido finalmente. El acuerdo, según la nota oficial, eleva la ayuda al gasóleo de 6 céntimos de euro por litro a 9,5, hasta un límite por barco determinado, mientras el sector se compromete a estudiar fórmulas de ahorro de combustible, a cambiar métodos de trabajo por otros más eficientes y a sumarse a varias mesas de negociación sobre problemas estructurales, Seguridad Social, controles fronterizos y precios. Es decir, pájaro en mano para los del bloqueo y ciento volando para quienes representan los intereses generales.

Celebremos que se haya levantado el bloqueo pero examinemos también con atención cómo una vez más la Administración sólo parece escuchar las reclamaciones que se acompañan de suficiente poder de percusión. Se nos dirá que más vale un mal acuerdo que la prolongación del conflicto que empezaba a plantear problemas de abastecimiento. Pero da la impresión de que va a prevalecer el principio de rompan filas y sálvese quien pueda o tenga capacidad de infligir perjuicios notables sobre el resto de la ciudadanía. Sepamos que su generalización sería el comienzo de la disolución social. Atentos.

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