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La Administración española, entre las que informan peor al ciudadano

Un ciudadano armenio tiene bastantes más posibilidades de que un organismo público de su país responda satisfactoriamente a cualquiera de sus peticiones de información de las que posee un ciudadano español que haga lo mismo respecto a una administración española. La ventaja del armenio no es un caso aislado. Búlgaros, rumanos, mexicanos, peruanos o franceses tienen un acceso más fluido a la información pública en sus países y obtienen unas respuestas más satisfactorias que los españoles. Como en todo, también hay quien está peor. En este caso se trata de cinco países: Macedonia, Sudáfrica, Ghana, Kenia y Nigeria.

Estos datos son parte del informe Transparencia y Silencio, cuyo objetivo es analizar la situación del derecho de acceso a la información pública en 14 países del mundo y que fue presentado ayer en Madrid en la sede del Parlamento Europeo. Elaborado por la fundación estadounidense Open Society Justice Initiative y Sustentia, el estudio concede un rotundo suspenso a España en el grado de libertad de información en esta materia. Así, el 62% de las peticiones de información dirigidas durante el último año por un total de siete voluntarios a 18 instituciones públicas españolas (y una empresa privada, Endesa) obtuvieron el silencio por contestación. Sólo el 17% de las solicitudes recibieron respuesta, mientras a un 11% se les explicó que esa información había sido transferida a otro organismo y a un 4%, que los datos resultaban 'imposibles de enviar'.

En un 2% de los casos, la Administración respondió que no poseía la información requerida, en otro 2% emitió una respuesta 'inadecuada' y en el resto de los casos se elaboró una negativa, bien oral o por escrito.

Dos periodistas, dos representantes de ONG, el propietario de una pyme, una mujer joven y un joven gitano fueron los encargados de plantear las solicitudes de información a las instituciones españolas. æpermil;stas fueron clasificadas en Gobierno central (Ministerio de la Presidencia, Defensa, Medio Ambiente, Justicia, Economía y Hacienda y Trabajo), administración autonómica (se analizaron ocho organismos de la Comunidad de Madrid), administración judicial (Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Madrid) y paraestatal (empresas públicas o privadas que prestan servicios públicos), que incluyó a TVE y Endesa.

La principal conclusión del informe es que gran parte de las instituciones públicas españolas incumplen la ley, que garantiza el derecho a la información del ciudadano. 'Llama la atención que el derecho a la información pública esté más garantizado en los países de la Europa del Este, que han salido de regímenes comunistas, que en un país democrático como España', comentaba ayer Helen Darbishire, directora ejecutiva de Acess Inform Europe y una de las coordinadora del informe.

El motivo de esta aparente paradoja, señaló Darbishire, es que las nuevas democracias del Este de Europa han puesto 'mucho empeño' en promulgar leyes de acceso a la información muy transparentes y en línea con las recomendaciones que promulgan los organismos internacionales. 'También es cierto que allí hay una gran demanda social para que se garantice ese derecho ciudadano, algo que no hemos observado en España, donde gran parte de la población lo desconoce y existe poca demanda en este tema', concluyó.

Plazos demasiado extensos y legislación insuficiente

Las conclusiones del informe Transparencia y Silencio son muy tajantes en cuanto al diagnóstico de la realidad administrativa española. En España, no sólo se incumple ampliamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, sino que la legislación sobre la materia es insuficiente y los plazos de respuesta que contempla la ley son demasiado extensos.

'La legislación española establece un plazo de dos meses para que la Administración resuelva en el caso de solicitudes de información relacionadas con temas medioambientales y de tres meses para el resto de las solicitudes', señala el informe, que explica cómo en los distintos países europeos ese plazo es de entre 10 y 20 días, mientras que en Perú, por ejemplo, es sólo de siete. La conclusión es obvia. 'Los plazos extensos pueden hacer que la utilidad práctica de obtener la información sea mucho menor y que la ciudadanía desista y busque otras fuentes de información', se explica en las conclusiones. Otro de los grandes males de la Administración española, según el informe, es la falta de cultura de informar al ciudadano por parte de los funcionarios, algo que se detecta en la actitud con la que se dirigen a los solicitantes de información y en las respuestas que éstos reciben.