El precio de la vivienda ha subido un 125% en diez años
El precio de la vivienda ha crecido un 125% entre los años 1993 y 2003, según el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España 2004. El informe, elaborado por el Ministerio de Vivienda, revela que el 12% de los municipios españoles concentran el 80% de la población del país, unos 34 millones de personas.
Los precios de la vivienda en España ha experimentado subidas del 125% entre los años 1993 y 2003, según las conclusiones del Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España 2004 presentado ayer por la ministra de vivienda, María Antonia Trujillo, en el marco de Barcelona Meeting Point. Baleares se sitúa como la comunidad autónoma en la que se han experimentado las mayores alzas en tan sólo diez años. En concreto, las islas experimentaron una sabida de los precios de los pisos del 215%. Madrid, País Vasco, Cataluña (comunidades que han superado los 1.000 euros por metro cuadrado de incremento en este periodo) y Canarias obtuvieron subidas superiores al 150%. Valencia y Murcia también crecieron por encima de la media estatal.
El Atlas ha sido elaborado utilizando principalmente información procedente el Censo de Población y Vivienda del INE de 2001, así como el padrón municipal de habitantes referido a 1 de enero de 2003.
Durante el periodo analizado el parque de viviendas experimentó un crecimiento del 22%, a un ritmo de 380.000 viviendas por año. Los pisos destinados a residencia principal mantuvieron un crecimiento del 20% en este periodo y las segundas residencias lo han hecho en un 28%. Los pisos vacíos, por su parte, crecieron en un 40%.
El número de componentes medio de los hogares también ha sufrido cambios. En concreto, han pasado de 3,3 personas a 2,8 por vivienda. Esta disminución se debe principalmente al número de hogares unipersonales, que han pasado del 13% al 20% en el periodo estudiado. Los hogares monoparentales encabezados por una mujer han crecido del 9% al 11%.
País urbano
Al margen del análisis que el Atlas realiza sobre la situación de la vivienda, el estudio también revela cómo se configura el reparto de la población española en el territorio. Una de sus principales conclusiones es que 'España se configura como un país urbano en cuanto a población, viviendas y actividad económica, aunque con fuertes desequilibrios territoriales'.
Según el estudio, España cuenta con 82 grandes áreas urbanas (aquellas que agrupan más de 50.000 habitantes), que aglutinan 743 municipios, y 269 pequeñas áreas urbanas. En conjunto suman 1.012 municipios, que ocupan una superficie de 96.000 kilómetros cuadrados en los que viven cerca de 34 millones de personas y sobre los que se levantan algo más de 11 millones de viviendas principales. Estos datos suponen que en apenas el 12% de los municipios españoles, que ocupan el 19% de la superficie del país, se concentra el 79% de la población.
Según el informe, la población urbana española ha llegado casi a duplicarse desde 1960. En concreto, ha pasado de 18,5 millones a 33,9 millones.
Trujillo volvió ayer a poner en relieve la apuesta que su Ministerio está haciendo para impulsar la vivienda protegida. Según sus datos, el gobierno ha comprometido más de seis millones de metros cuadrados de suelo público, lo que permitirá la construcción de más de 30.000 viviendas protegidas. Asimismo, también está previsto que se destinen otros dos millones de metros cuadrados para equipamientos culturales, deportivos y educativos. La ministra aseguró que el reto de la cartera que representa es conseguir un 'desarrollo urbanístico sostenible', para lo que utilizará instrumentos como el Plan de la Vivienda 2005-2008, la Sociedad Pública de Alquiler y la futura reforma de la Ley del Suelo. Esta última normativa tendrá como objetivo 'impedir la especulación y regular el uso del suelo'.
Trujillo no juzga la ley catalana
La vivienda tiene que estar habitada como principio general, pero el Gobierno prefiere 'incentivar' a los propietarios de viviendas desocupada para que las alquilen. María Antonia Trujillo explicó así ayer en Barcelona su postura ante el borrador el anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda que presentó el consejero Salvador Milà y según el cual la Generalitat de Catalunya podría obligar a los propietarios a vender aquellos pisos que estén desocupados durante mucho tiempo.Trujillo recordó que la imposición de medidas coercitivas sobre los propietarios de pisos vacíos era una competencia 'exclusivamente autonómica'. La ministra especificó que la futura legislación urbanística del Gobierno incluirá como principio general que la vivienda 'tiene que cumplir una función social', es decir, 'que esté habitada', pero insistió en que las maneras de conseguirlo no eran su competencia.Así, el ministerio no definirá que se considera un piso vacío ni tampoco la fiscalidad que debería aplicarse a sus propietarios, porque esta tarea corresponde a los ayuntamientos.