Bolsa española

El Tesoro estudia cambios en la ley para facilitar la OPV de BME

La Dirección General del Tesoro está estudiando algunos aspectos de la regulación que afecta a las Bolsas oficiales ante la próxima salida a cotización de Bolsas y Mercados Españoles. La norma establece algunas obligaciones a BME que pueden interferir con la actividad normal de una empresa cotizada.

Antonio Zoido, presidente de BME, comentó en la última junta de accionistas que se habían empezado a dar los pasos para la OPV de la sociedad. No se refería sólo a la contratación de bancos de inversión para coordinar el proceso; también al estudio de las necesidades derivadas del especial estatus jurídico de las Bolsas oficiales. Son empresas totalmente privadas pero al tiempo están sujetas a una regulación específica. Estos flecos legales, que según fuentes del mercado no son de gran relevancia pero sí convenientes para la salida al parqué de BME, están retrasando la OPV de la sociedad.

Por ejemplo, según la legislación actual, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de valores tienen que remitir y someter a aprobación por parte de la CNMV el presupuesto de cada año. Igualmente, las Sociedades Rectoras tienen limitado por Ley el pago de dividendos, no pueden incurrir en pérdidas y deben preguntar, también, a la CNMV los nombramientos de directivos. Los precios que cobran las Bolsas tanto por operar en el mercado -los cánones- como por vender información de éste están también sujetos, bajo ciertas condiciones, a la aprobación por parte de la CNMV.

Si bien de momento ni el Tesoro ni las Bolsas han especificado qué aspectos de la normativa serán retocados, es obvio que algunas de estas exigencias no son totalmente compatibles con las necesidades que conlleva cotizar en Bolsa. 'También hay aspectos relacionados con el buen gobierno de las sociedades cotizadas que obligarían a algunos retoques', explican fuentes del mercado.

La legislación otorga a la CNMV el poder para aprobar las cuentas y el dividendo

Según el Tesoro, de quien depende esta normativa, 'aunque son empresas privadas, también prestan servicios de carácter público a partir de su condición de Bolsa oficial. Por eso hay que ver cómo se encaja que sigan prestando estos servicios públicos y puedan, a la vez, cotizar en Bolsa como otra empresa privada. De momento se está estudiando', explican fuentes del Tesoro.

La modificación de la normativa debe hacerse por medio de un Real Decreto, puesto que la norma a retocar es, a su vez, el Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y miembros de las Bolsas de Valores.

Una operación para 2003, 2004, 2005 y, ahora, 2006

En febrero de 2002 se firmó la integración de las participaciones en las cuatro Bolsas españolas, MEFF, Senaf, AIAF y el mercado de cítricos de Valencia en una sola sociedad holding. No era una fusión sino, simplemente, la creación de una nueva estructura de capital y de una única voz en los mercados españoles. Los entonces accionistas de algunas de las Bolsas pasarían a serlo de Bolsas y Mercados Españoles, que también se dotó de órganos de gobierno comunes por encima de cada una de las sociedades.

Desde el primer momento quedaron claros los objetivos: tener una sola voz, un mayor tamaño para participar en el proceso de integración europea y preparar la salida a Bolsa. Al fin y al cabo, si se supone que cotizar en Bolsa es bueno, habrá que predicar con el ejemplo.

Sin embargo, a las propias dificultades que implicaba el proceso de salida a Bolsa en una empresa como BME, recientemente desmutualizada, con varios centros de decisión y el capital muy repartido, se añadió el pésimo momento de los mercados. Aunque BME nunca habló de fechas, las primeras informaciones sobre la salida a Bolsa apuntaban a 2003. Pero BME prefirió ordenar primero la casa, y ya a principios de 2004, cuando ya existía de hecho un mercado paralelo de intercambio de títulos de BME, las previsiones apuntaban, como pronto, al último trimestre. Tampoco fue así, pero tras la junta de accionistas de abril, fuentes de BME señalaron a la prensa que la operación se realizaría en seis meses, después de que Antonio Zoido anunciase el inicio de los preparativos. La banca de inversión lleva meses trabajando en la operación, pero los cambios legales obligados probablemente retrasen la OPV hasta el año que viene.