El Congreso insta al Gobierno a limitar la responsabilidad de los auditores
Los auditores españoles están de enhorabuena. Así lo aseguraba ayer José María Gassó, presidente de una de las tres corporaciones de profesionales. La Comisión de Economía y Hacienda aprobó ayer solicitar al Gobierno que modifique el régimen de responsabilidad de estos profesionales con el objetivo de que deje de ser ilimitada como hasta el momento.
La limitación de la responsabilidad al daño causado ha sido uno de los caballos de batalla de estos profesionales, que han visto recogidas sus reivindicaciones, primero a través del compromiso de la Comisión Europea de elaborar un informe sobre el estado de la responsabilidad de la auditoría en Europa antes de que acabe el próximo año y ahora a través de una proposición no de ley liderada por CiU y que ayer fue apoyada por PP, ERC, PNV y Grupo Mixto.
La propuesta fue rechazada por el PSOE, que considera que el de la responsabilidad civil de los profesionales es un asunto sobre el que se debe meditar más 'y en el texto aprobado ayer se pasa demasiado por encima cuando es un tema muy complicado', según el portavoz de Economía del grupo socialista, Ricard Torres.
El texto aprobado ayer y sobre el que ahora el Gobierno deberá elaborar un borrador pide que se incremente el límite mínimo de la fianza que las firmas y los auditores individuales presten como garantía de las responsabilidades en las que puedan incurrir en el ejercicio de su actividad. En el caso de las firmas, la cuantía debe multiplicarse por cada uno de los socios de la misma, sean o no auditores.
La propuesta pide que se exija a los auditores una responsabilidad proporcional a 'los daños y perjuicios financieros que puedan causar por su actuación profesional' y que se permita introducir en los contratos cláusulas de limitación de la responsabilidad civil.
El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, recalcó ayer que la responsabilidad ilimitada no mejora la calidad de la auditoría 'y si no se modifica esta cuestión se fuerza a los auditores a reducir riesgos'.
La propuesta afecta también a los consejeros de las empresas
La proposición no de ley aprobada ayer en el Congreso también contempla el establecimiento reglamentario de 'los instrumentos necesarios' para implantar un seguro profesional obligatorio de responsabilidad civil para los consejeros de las sociedades cotizadas. Se trata de 'garantizar las oportunas responsabilidades que se puedan deducir de su gestión en la sociedad'. Según el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, José María Gassó, la razón de incluir a los consejeros es 'establecer que cada uno sea responsable de sus acciones y que cada uno tenga un seguro con el que responder y evitar que siempre que ocurre algo sólo se vaya contra el auditor'.