Solbes rechaza de plano el modelo de financiación del Estatuto catalán

Pedro Solbes cree que el Estatuto catalán amenaza la unidad de mercado y puede menoscabar el crecimiento económico

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aprovechó ayer su intervención en el Foro Cinco Días para cuestionar muchos de los aspectos económicos del proyecto de reforma del Estatuto catalán. Solbes defendió la unidad de mercado como base para la prosperidad económica del país, advirtió sobre los riesgos 'de segmentación' y rechazó de plano la propuesta de financiación incluida en el documento remitido por Cataluña al Congreso para su tramitación.

En un acto patrocinado por Accenture y Banco Madrid al que asistió un nutrido grupo de ejecutivos, el vicepresidente pronunció un discurso que arrancaba en tono conciliador. Solbes se mostró convencido de que el 'compromiso político de convivencia' mantenido en las últimas décadas persistirá en el futuro y rechazó los 'mensajes apocalípticos' referidos al proyecto de Estatuto, en clara referencia a los pronunciamientos hechos por representantes del Partido Popular. Además destacó el 'delicado equilibrio' financiero del que ha hecho gala el Estado en los últimos años para desarrollar el proceso de descentralización política y económica, y en el que 'ha tenido cabida la solidaridad entre regiones'.

Dicho esto, el vicepresidente atacó las deficiencias que, en su opinión, tiene el proyecto de reforma del Estatuto y que considera que deben ser corregidas. Entre ellas figura la intención catalana de blindar el modelo de financiación en el Estatuto, para que no le afecten negociaciones posteriores con el resto de comunidades, y la intención de recaudar todos los impuestos que se graven en Cataluña, incluidos los de ámbito estatal (IRPF, IVA y sociedades) a cambio de una cuota de retorno al Estado por los servicios prestados.

'Parece que el texto es, más bien, un artilugio para buscar un cierto blindaje de las competencias de Cataluña frente al Estado. Yo, que soy Estado central y debo defender los intereses de todos me pregunto todo lo contrario: ¿cuál es el blindaje financiero del Estado central en el sistema? La respuesta está en la Constitución', añadió.

Según Solbes, para que el modelo catalán sea válido 'tiene que poder ser generalizado' al resto de comunidades autónomas. Dicho de otro modo, el plan financiero del Estatuto sólo tendrá salida si es ampliable, de común acuerdo, con los otros Ejecutivos autónomos.

Eso no quiere decir que no pueda haber 'avances' en el nuevo modelo de financiación autonómica que pretende el Gobierno a través del propio Estatuto catalán. 'Aceptamos la bilateralidad siempre que sea compatible con los intereses generales', añadió.

En este sentido, el vicepresidente animó a ver el Estatuto, más como una oportunidad de avance en el modelo financiero y autonómico de España que como un problema en sí mismo, que debe erradicarse cuanto antes.

No obstante, el propio Solbes avisó de ciertos riesgos inherentes al texto que se encuentra actualmente en las Cortes. El primero de ello es la ruptura del mercado. 'Es bueno enriquecer el debate territorial pero debemos tener cuidado de que, al final, no termine por menoscabar el progreso económico logrado durante años y más teniendo en cuenta que ahora en Europa se buscan fórmulas de integración económica más que de segmentación de mercados', dijo,

El modelo de financiación 'tiene que poder ser generalizado' a todas las regiones tras repetidas preguntas sobre el asunto realizadas por los asistentes al Foro. La idea de que el proyecto de Estatuto catalán amenaza con segmentar el mercado fue lanzada también hace unos días por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, durante su intervención en el Congreso. Caruana se refirió en concreto a la posible segmentación del mercado financiero. El ministro de Industria, José Montilla, replicó entonces al gobernador, invitándole a no opinar sobre asuntos de carácter político que están tramitándose en el Congreso, bajo riesgo de perder su independencia.

Solbes no sacó a colación ayer este asunto, pero sí se refirió a otros temas espinosos como la creación de una agencia tributaria propia, incluida también en el proyecto de Estatuto, que se encargaría de inspeccionar, recaudar y gestionar todos los impuestos autonómicos y estatales que se detraigan en el territorio autonómico.

'Debe seguir existiendo una agencia tributaria para todo el país. Con independencia de ello, habría posibilidades de consorciar algunas actividades con una agencia autonómica. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que un contribuyente no sufra dos inspecciones seguidas, realizadas por diferentes administraciones', comentó.

El proyecto de Estatuto limita la colaboración de la nueva agencia tributaria catalana con la agencia estatal a la mera 'firma de convenios', lejos de fórmulas subordinadas con el Gobierno central como los consorcios.

Los Presupuestos van aparte

El vicepresidente se refirió también ayer al proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2006, intentándolo desligar del Estatuto catalán. 'Presupuestos y Estatuto siguen caminos distintos; el debate de totalidad de los primeros se producirá en el Congreso dentro de pocos días, antes que el segundo, por tanto, no debe haber ninguna incertidumbre relacionada con ello', aseguró Solbes.

El PSOE está negociando con sus socios parlamentarios (IU, ERC y Coalición Canaria) para sacar adelante las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2006, negociaciones que se encuentran muy avanzadas, y a las que también se ha sumado el PNV. El Presupuesto para el próximo año estima un crecimiento del PIB del 3,3%, en línea con lo previsto para este ejercicio, y un superávit fiscal del 0,2% del PIB para el conjunto de administraciones públicas.

Un Estatuto "demasiado reglamentista"

Entre las críticas mostradas ayer por Solbes al proyecto de Estatuto catalán figura la esencia misma de su redacción, tanto en la forma como en el contenido. El vicepresidente aprueba la segregación, explícita en el texto, de tres niveles de decisión política (estatal, autonómico y local) pero critica lo que denomina 'exceso de precisión'.'Más que una norma global, el Estatuto casi es un reglamento que entra demasiado en detalle en cuestiones como la gestión y recaudación de los impuestos. El reglamentismo nunca ha sido bueno', comentó en el Foro Cinco Días. Otra aspecto diferente, en su opinión, es profundizar en la idea de 'espacios fiscales propios' en los que cada administración sería titular y responsable de una parte de los tributos que pagan los contribuyentes.'Esta idea tiene cada vez más sentido, que cada ciudadano pueda detectar la administración que le cobra para pedirle cuentas si la gestión de los gastos que realiza no es la adecuada', añadió.Hay impuestos en los que 'se puede jugar' y otros en los que no. Entre estos últimos que deben seguir siendo 'nacionales' citó el IVA y el impuesto de sociedades. Las ideas lanzadas por Solbes en el desayuno no tardaron en encontrar su réplica en Cataluña.El líder de CiU, Artur Mas, acusó al vicepresidente económico, de querer 'desnaturalizar' el Estatuto y el modelo de financiación fijado en el texto, y advirtió de que 'no hay nada de qué hablar' si el Gobierno se niega a ceder tributos como el de sociedades.Mas espera que el PSOE entienda que 'no se puede empezar una negociación con la base de decir 'de esto nada''.'No admitiremos rebajas en la columna vertebral del Estatuto catalán; sea cual sea el planteamiento del PSOE y del Gobierno. Los partidos que aprobaron el Estatuto en el Parlament han de defender lo aprobado de forma íntegra', insistió ayer Mas, tras la ejecutiva de CiU.Dirigentes del PP también reaccionaron a las palabras de Solbes, en sentido contrario al líder de CiU. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en el Club Siglo XX que en los próximos días propondrá al presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Francisco Vázquez, la celebración en Madrid de una 'gran conferencia' de alcaldes de capitales autonómicas y de provincia 'para pronunciarse en torno a la cohesión nacional y social que las corporaciones locales deben promover en un momento como éste, de desafío a los principios constitucionales'.