La rápida reconversión de Cajasur
Cajasur ha vivido en menos de un año una sorprendente reconversión. La guerra por el control de la entidad, que enfrentó en los tribunales y en las trincheras políticas a Gobierno central, Junta de Andalucía e Iglesia, ha dado paso a una nueva etapa sin oposición, que culminará dentro de un mes y donde partidos e instituciones se han repartido civilizadamente el poder. La transformación es obra del consejero de Economía, José Antonio Griñán, y del Obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, que con el acuerdo entre la Junta y la Iglesia sellado a finales del pasado año han zanjado cinco años de contenciosos legales y pugna política. Cajasur, por mediación del Gobierno central del PP y a través de la Ley Financiera estatal, llegó a escapar de la tutela administrativa del Ejecutivo autonómico.
Gracias a ese pacto, Cajasur volvió a la tutela andaluza. La Iglesia mantiene el control a cambio de relevar a Miguel Castillejo y compartir el poder con un vicepresidente ejecutivo elegido por la Diputación socialista de la provincia, cofundadora de la entidad. Este acuerdo se materializará el próximo 19 de noviembre tal y como estaba previsto. Ese día finaliza la renovación de órganos de gobierno de la caja con la constitución de la nueva asamblea, que dará paso a un consejo de administración de consenso con representación de todos los partidos. Una de sus primeras tareas será la creación de una tercera vicepresidencia para el PP, un partido que entierra así el hacha de guerra en esta caja.
Pero Griñán y el Obispo de Córdoba, que acuerdan todos y cada uno de los cambios que se dan en la caja, deben despejar todavía algunos aspectos. Entre ellos, los plazos exactos de la presidencia transitoria que ostenta Juan Moreno desde el pasado mes de julio, cuando se marchó Castillejo tras más de 30 años de férreo mandato en Cajasur. Moreno, también sacerdote, lleva más de 20 años en la entidad, pero nunca se ha identificado con la polémica forma de ejercer el poder de su antecesor, lo que le ha valido la confianza de la Consejería de Economía para pilotar la etapa de transición.
Aunque el futuro presidente ejecutivo de Cajasur será con toda seguridad el sacerdote Fernando Cruz-Conde, que estará acompañado por el vicepresidente socialista Salvador Blanco siguiendo la letra del acuerdo entre la Iglesia y la Junta, es muy probable que Juan Moreno extienda su mandato hasta 2007. Entonces deberá jubilarse de manera forzosa al cumplir 75 años. Lo mismo le ocurrió a Castillejo. O, al menos, éste el motivo formal que ha alegado la Iglesia para desbancar al anterior presidente y cumplir con las exigencias del Gobierno andaluz. Griñán, por su parte, para lograr el histórico acuerdo tuvo que renunciar a ponerle fin a lo que en otro tiempo la Junta llamó 'privilegios de la Iglesia en Cajasur'. Lejos de socavar este poder, el dominio de esta institución en Cajasur, la denominada 'singularidad', se ha reforzado y consagrado por ley a través de la reforma de la norma andaluza de cajas.
Mientras, cuando se cumplen cien días desde que salió de la entidad el presidente que encarnó el enfrentamiento con la Junta, una parte del equipo de Miguel Castillejo ha sido apartado de sus funciones, aunque el nombramiento de los sustitutos definitivos y los nuevos cambios se realizarán cuando tomen posesión los nuevos órganos de gobierno. La renovación arrancó a finales de agosto, cuando se anunció la salida del director general Francisco Jesús Jurado, que fue recolocado en la sociedad filial Aconsa. Sobre Jurado pesaba, además de su afinidad con Castillejo, la sombra del expediente que el Banco de España le abrió a Cajasur por concentrar excesivo riesgo en determinadas operaciones empresariales. Le sustituyó en el cargo de forma provisional José Ruiz Ortiz, que también formaba parte del equipo de Castillejo como director financiero y de negocios. También se prepara el relevo de Eduardo Huertas, responsable de la Obra Social y Cultural de la caja durante 12 años. En 2002 fue nombrado asimismo director general adjunto.
Fuentes de la entidad señalan que Juan Moreno también ha informado ya al consejo de otros cambios directivos, los de los jefes de Seguridad y de Mantenimiento, que tenían rango de subdirectores generales, y que han sido ya apartados de sus cargos. En todos los casos se busca la reubicación en otros puestos dentro de Cajasur.
Cuando se concrete la salida del jefe de la Obra Social se reducirán de cinco a tres directivos el organigrama de Cajasur, que había sido remodelado por Castillejo en plena crisis con la Junta de Andalucía. El núcleo duro que gozaba de la total confianza de Castillejo eran: el director general Francisco Jurado, el director general de los Servicios Jurídicos, Diego Jordano, y tres directores generales adjuntos, José Ruiz, Francisco Rodríguez y José Huertas. Actualmente sólo quedan en sus puestos José Ruiz, que fue ascendido a director general en funciones tras el cese de Francisco Jurado, y Diego Jordano y Francisco Rodríguez.
Durante el proceso de renovación de los órganos de gobierno de Cajasur, que arrancó el pasado 27 de junio y se ha desarrollado sin ningún tipo de sobresaltos, se alcanzó un acuerdo político entre PSOE, PP e IU.
En la nueva asamblea general de la entidad, la Iglesia refuerza su posición de dominio con 54 consejeros generales, mientras que los impositores tendrán 40, los ayuntamientos 34, la Junta de Andalucía 16, la Diputación cordobesa dispondrá de ocho e igual número los empleados de la caja. El sindicato Aspromonte, mayoritario en Cajasur, ha conseguido seis de estos ocho consejeros generales, frente a dos miembros de CC OO y UGT.
En el consejo de administración, donde la Iglesia designará al presidente y la Diputación cordobesa al vicepresidente ejecutivo. El reparto de fuerzas será el siguiente: el Cabildo tendrá seis representantes, los impositores cinco, los ayuntamientos cuatro, la Diputación y la Junta dos cada una y los trabajadores uno. De esta manera, el PSOE dispondrá de cuatro consejeros y el PP e IU de dos cada uno. Los populares se beneficiarán, además, de una vicepresidencia que correspondería a un representante del Parlamento de Andalucía.
En esta renovación de Cajasur, la Diputación de Córdoba, cofundadora de la caja junto a la Iglesia, recobra la condición fundadora y la refuerza con una vicepresidencia ejecutiva. En los anteriores estatutos, diseñados por Castillejo, Diputación de Córdoba había perdido su condición de cofundadora.
Los actuales estatutos de la entidad, también redactados por consenso entre Junta e Iglesia, contemplan una segunda vicepresidencia no ejecutiva para el Cabildo. Sin embargo, el acuerdo PSOE-PP-IU para impulsar el consenso en la caja cordobesa obligará a retocar de nuevo las normas para crear una tercer puesto no ejecutivo, que será ocupado en nombre del PP por Juan Ojeda. La Iglesia, por boca del actual presidente de Cajasur Juan Moreno, ha mostrado su malestar por este pacto que no estaba incluido en el compromiso firmado con José Antonio Griñán.
Quedan pendientes otros asuntos relacionados con la etapa de Castillejo, como es el futuro de la póliza de casi tres millones de euros que empezó a cobrar el ex presidente este mismo verano, cuando comenzó a correr su jubilación.
La Junta, que tras la firma de la paz con la Iglesia retiró todos los recursos interpuestos en los tribunales, mantuvo, sin embargo, esta denuncia, que sigue sin resolverse.