Lo que la industria espera del Gobierno
Envidia. Sana, pero envidia real es lo que uno siente al conocer la reciente decisión del Gobierno francés de proteger la competitividad de la industria ante el galopante incremento de los costes energéticos. Con este propósito el Gobierno galo propiciará, mediante incentivos fiscales, la creación de consorcios de industrias intensivas en energía para que negocien conjuntamente contratos a largo plazo con los suministradores energéticos.
Sin embargo, a este lado de los Pirineos, las cosas son muy diferentes. Mientras el Gobierno francés anunciaba su iniciativa, nuestro Gobierno aprobaba una reforma del mercado de los hidrocarburos que pone a la industria española a los pies de las -pocas y poderosas- empresas comercializadoras de gas que operan en el país.
Hasta ahora, las industrias consumidoras de gas disfrutaban de una cierta flexibilidad para poder comprar en el mercado o acudir a la tarifa. Tarifa, calculada con el Gobierno, reflejando el coste de la materia prima. Ahora, el Gobierno cambia la normativa para impedir que las industrias que consumen más de 100 GWh (la mayor parte) y que están en el mercado retornen a la tarifa en un periodo de tres años.
La desaparición de hecho de la tarifa (del mercado regulado, en definitiva) cuando la liberalización no es todavía más que un mero maquillaje, supone lisa y llanamente que los grandes comercializadores del gas podrán ejercer su posición de dominio sin límite ni cortapisas mientras los consumidores quedan... con las manos atadas.
Nadie desea más que los propios consumidores la liberalización real y completa de los mercados energéticos. Los consumidores esperamos del Gobierno que impulse esa liberalización. Es más, se lo pedimos reiterada y encarecidamente. Pero lo que no queremos es que nos den gato por liebre.
Resulta fácilmente constatable que la evolución del incipiente mercado del gas en España no sigue las leyes lógicas de la oferta y la demanda, lo que no es en absoluto extraño dada la concentración de la oferta y su posición dominante.
El mercado español del gas, lejos de estar realmente liberalizado, opera de hecho como un oligopolio, en el que un solo agente domina más de la mitad del mercado.
Así, era de esperar que, como consecuencia de los cambios normativos que dejan a los consumidores industriales secuestrados en el mercado pseudoliberalizado del gas, pasara lo que ya está pasando: muchos comercializadores denuncian contratos en vigor y proponen subidas de precio, sin que los consumidores tengan capacidad alguna de maniobra.
En un momento crítico para nuestra competitividad, los industriales pedimos al Gobierno que liberalice realmente el mercado del gas. Y que hasta que esa liberalización sea una realidad proteja a los consumidores frente a los grandes comercializadores, manteniendo la opción de la tarifa. En definitiva, que salvaguarde la posición de los consumidores ante situaciones de oligopolio en las que el mercado liberalizado en teoría aún no lo es en la práctica.
Pero, desgraciadamente, las recientes decisiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre el mercado del gas no parecen seguir esta lógica. La desaparición de la tarifa de facto para los grandes consumidores industriales es sin duda una buena noticia para el oligopolio suministrador de gas, pero muy mala para los consumidores industriales y la sociedad en general. Sus efectos serán devastadores para la industria y se sumarán a la ya preocupante evolución de los mercados energéticos mundiales.
Cabría esperar del Gobierno que ante coyunturas difíciles lanzase iniciativas para potenciar la competitividad. Así ocurre en Francia, pero parece que los Pirineos todavía existen.