Estatut y desigualdad territorial en España
Un destacado político catalán viene insistiendo últimamente en la necesidad de 'repensar el concepto de solidaridad'. Sin duda acierta, pero no por las razones que esgrime. Frente a lo que sostiene el discurso políticamente correcto en Cataluña, la igualdad territorial en España dista de haberse alcanzado: el producto per cápita de la comunidad autónoma más productiva, Madrid, dobla al de la menos, Extremadura.
La convergencia en producto de nuestras comunidades autónomas (CC AA) lleva estancada más de una década y nada indica que vaya a reactivarse en el futuro, especialmente si se aprueba el proyecto de Estatuto catalán. En términos de renta, gracias a unos mecanismos de redistribución que tienen mucho más de interpersonales que de interterritoriales, las cosas mejoran algo. Pero no mucho. La renta de un extremeño equivalía a un 62% de la de un catalán en 1995 y a un 67% en 2002, último año con datos de la Contabilidad Regional.
Por su parte, el proceso secular de concentración de la población y de la actividad económica en unas provincias y regiones en detrimento de otras no sólo provoca un nivel de desigualdad territorial espectacular sino que sigue operando. Tal vez no carezcan de interés estos datos: en 2004, la densidad de población catalana era algo más de ocho veces mayor que la extremeña y la densidad económica (producto/superficie) más de 13.
Parece, pues, que algo falla en una política que se proclama orientada a la equiparación. Repiénsese hasta dónde sea necesario, pero no con el objetivo expreso y exclusivo de que una comunidad relativamente rica contribuya menos a la caja común.
Otro argumento habitual en el discurso particularista catalán es no menos discutible. Se trata de la pérdida de posiciones en el ranking de renta tras la solidaridad. Ciertamente, en 2002, por producto per cápita, Cataluña ocupaba el cuarto lugar, descendiendo al sexto por renta. Lo que se silencia es que ese retroceso obedece principalmente a las peculiaridades fiscales del sistema foral. Y se falta a la verdad cuando se dice que ese retroceso sólo ocurre, o es más intenso, en Cataluña. La clasificación por producto per cápita está encabezada por Madrid, seguida de Navarra, País Vasco, Cataluña, La Rioja y Baleares. Por renta, la ordenación presenta variaciones: País Vasco, Navarra, Baleares, Madrid, La Rioja y Cataluña. Esto es, las CC AA de régimen foral ganan posiciones, particularmente el País Vasco, gracias a sus excepcionalidades fiscales. Salvo Baleares, todas las demás las pierden. Y, en especial Madrid, que pasa del primer puesto en producto al cuarto en renta, mientras que Cataluña sólo desciende del cuarto al sexto. Si se examinan las pérdidas que experimenta Madrid en forma de diferencias de producto y rentas relativos respecto a Cataluña, se caerá en la cuenta de que, tras la solidaridad, la supuesta víctima no es maltratada en la medida que se afirma y sí lo es menos que el presunto victimario.
Así, en líneas generales, los datos muestran lo esperable en una economía que viene presentando históricamente -no en perjuicio de Cataluña, por cierto- grandes desigualdades espaciales y en la que coexisten un sistema fiscal progresivo y los privilegios de la foralidad. Si no faltaron tiempo atrás declaraciones en las que desde Cataluña se pedía una reconsideración del régimen foral, todo indica que, finalmente, la propuesta financiera catalana ha optado por aspirar a emularlo, al menos en los resultados. Porque ése y no otro es el objetivo del Estatuto, por más que se maquille con un recurso abusivo al término solidaridad. Los partidos políticos catalanes están en su derecho de pretender una mejora de la financiación de su comunidad. Pero que llamen a las cosas por su nombre. Basten un par de ejemplos.
En el artículo 209 del proyecto se dice: 'La Generalidad contribuye a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar'. ¿Cómo puede Extremadura llevar a cabo un esfuerzo fiscal similar a Cataluña? En términos absolutos es obviamente imposible. En relativos, con un producto per cápita que no llega al 60% del catalán, ¿qué esfuerzo fiscal tendrían que hacer los extremeños para llegar a 'niveles de servicios similares'?
Como los territorios forales, si nada lo remedia, seguirán disfrutando de privilegios fiscales, el principio expuesto en el artículo 210, según el cual los mecanismos de solidaridad 'no pueden alterar en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas por cápita entre las CC AA antes de la nivelación', significa algo muy cercano a la equiparación de facto de Cataluña al régimen foral, cuyos resultados veíamos arriba.
No es una mayor igualdad entre los españoles lo que lograría la aprobación del Estatuto sino todo lo contrario. Y esto debería decirse con toda claridad por parte de quienes velan por los intereses generales.