Ley de Buen Gobierno

Sarbanes reconoce que se han realizado importantes avances en el buen gobierno

Paul Sarbanes, coautor de la mundialmente conocida ley de buen gobierno Sarbanes-Oxley, reconoce que, desde que se produjeron los escándalos financieros que desencadenaron el colapso de Enron y la posterior desaparición de Andersen y que afectaron a otras empresas como Worldcom o Parlamat ya a este lado del Atlántico, se han realizado importantes avances en la forma de gestión de las empresas, lo que ha llevado a que se restaure la confianza de los inversores en los sistemas financieros.

Así lo aseguró hace sólo unos días el senador que impulsó una ley que estableció estrictos requisitos de buen gobierno para las sociedades cotizadas y que removió los cimientos en los que se basan las firmas de auditoría.

Sin embargo, Sarbanes también ha alertado de que no todo está hecho en materia de buen gobierno. 'Se trata de un área en el que se debe mantener una vigilancia constante, porque siempre va a haber alguien que va a intentar cruzar la línea'.

Paul Sarbanes también reconoció que en estos momentos está considerando la posibilidad de modificar los requisitos de la ley para reducir los importantes problemas que su aplicación supone para las empresas de menor tamaño.

Precisamente hace sólo unos días el organismo supervisor de los mercados estadounidense, la SEC, accedió a ofrecer una ampliación en el plazo para que las empresas medianas que cotizan asuman los mismos requisitos de buen gobierno que las grandes sociedades.

El aplazamiento de esta obligación supondrá un alivio para las compañías con una capitalización bursátil de hasta 75 millones de dólares (61 millones de euros), que no tendrán que documentar sus procesos financieros e identificar los controles clave hasta julio de 2007.

Expertos y empresarios han criticado los excesivos costes que implica la aplicación de la Sarbanes Oxley, por lo que la SEC nombró un comité de asesores que sugirió al organismo supervisor ofrecer a las pequeñas empresas cotizadas un periodo extra de tiempo en la aplicación de la norma de transparencia.