Finanzas

Aragón y Canarias llevan tres años sin adaptar la ley de cajas

Las autonomías de Aragón y Canarias aún no han aprobado las leyes que incorporan las modificaciones introducidas hace tres años por la Ley Financiera. El Gobierno aragonés planea hacerlo en esta legislatura, que termina en 2007, mientras que el de Canarias prevé que el trámite parlamentario se inicie en enero.

El sector de las cajas de ahorros españolas se plantea acometer una nueva reforma de su normativa para blindarse contra las posibles consecuencias de los nuevos estatutos autonómicos. La preocupación del sector, desencadenada por el contenido inicial del Estatut catalán que otorgaba plenas competencias sobre las cajas a la Generalitat, llega en un momento en el que algunas comunidades autónomas aún no han adaptado las últimas reformas legislativas que afectan a estas entidades.

La Ley Financiera, aprobada por el Partido Popular (PP) en noviembre de 2002, obligaba a las 46 cajas que integran el sector a llevar a cabo una profunda reforma de sus estatutos para incorporar las novedades. Entre ellas, se imponía un límite del 50% al peso de los partidos políticos en los órganos de gobierno de las entidades (asamblea y consejo) y la irrevocabilidad de los mandatos de los consejeros. La Ley Financiera también reguló un nuevo instrumento de financiación, las cuotas participativas. Poco después, las cajas tuvieron que afrontar otra oleada de cambios, con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, que se incluyó en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2.003.

Aunque todas las cajas modificaron sus estatutos dentro de los plazos previstos -las entidades tenían hasta junio de 2004 para terminar el proceso-, todavía hay dos comunidades autonómas que no han adaptado sus leyes autonómicas: Aragón y Canarias.

'El Gobierno de Aragón se plantea la reforma de la ley de cajas a lo largo de esta legislatura, que finaliza en 2007', afirman en la consejería de Economía. Añaden que los cambios se abordarán desde tres aspectos: modernizar aquellos aspectos de la legislación de cajas que en la anterior normativa quedaron desfasados, incorporar los recientes cambios legislativos a nivel estatal en 2002 y 2003 y regular de una manera más adecuada la obra social.

Plazos

Este retraso, sin embargo, no ha impedido que las dos cajas de ahorros originarias de esta región, Ibercaja y Caja Inmaculada (CAI), cumplieran los plazos establecidos para adaptar sus estatutos. Ibercaja ratificó los cambios en su asamblea general del pasado 28 de abril. Pero éstos ya habían sido aprobados entre 2003 y 2004, durante el mandato del entonces presidente de la caja, Manuel Pizarro.

Canarias es otra de las autonomías que se ha quedado rezagadas, en parte por el cambio de Gobierno que se produjo el pasado mayo tras la ruptura del pacto entre Coalición Canaria y el PP.

Los trámites de la nueva ley ya se han iniciado y actualmente se debate el borrador del anteproyecto. 'Prevemos que el trámite parlamentario del anteproyecto de ley se inicie el próximo enero', señalan en la consejería de Economía de esta comunidad autónoma.

Al igual que las cajas aragonesas, la Insular de Canarias y la General de Canarias, sí que hicieron a tiempo los deberes. Ambas entidades aprobaron la reforma en abril de 2003. Pero temen que ésta no sea la última. 'Dado que el legislador autonómico pretende acometer una reforma más profunda de la normativa en materia de cajas, es muy previsible que cuando ésta sea aprobada, las cajas canarias tengan que realizar una modificación de los estatutos de cierta envergadura', según fuentes de la Insular de Canarias.

Nuevos cambios en el País Vasco

El proyecto de fusión que han impulsado las tres cajas vascas (BBK, Kutxa y Vital) podría desembocar en una nueva reforma de la actual ley de cajas vascas, que introdujo las novedades de la Ley Financiera en mayo de 2003. Los presidentes de estas tres entidades pidieron la pasada semana un cambio en esta normativa para poder avanzar en el proceso de fusión, una solicitud que ha sido bien recogida por el Gobierno vasco. El pasado martes, su portavoz, Miren Akarate, señaló que representantes de las cajas y del Ejecutivo de Vitoria han mantenido ya reuniones informales con el objetivo de estudiar las modificaciones legislativas necesarias para favorecer este proceso de integración.

Según los presidentes de las cajas vascas, estos cambios permitirían una representación más plural en los órganos de gobierno de las entidades, frente a la situación actual que provoca que las cajas estén controladas en exclusiva por los partidos en el poder. Así lo indicó la semana pasada el presidente de Caja Vital, al recordar que los consejos de administración de la BBK y la Kutxa no cuentan con presencia de los partidos no nacionalistas, mientras que en el Vital están fuera los nacionalistas. Añadió que el proceso de expansión que han iniciado las cajas de ahorros a otras zonas fuera de su comunidad de origen obligará a incluir en los órganos de gobierno a más representantes del grupo de los impositores (candidaturas elegidas por sorteo entre los clientes de la caja) y a extender la obra social a otras zonas geográficas.

La polémica redacción del Estatut catalán

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, fue el primero en dar la voz de alarma sobre las posibles consecuencias que generaría para las cajas la aprobación del nuevo Estatut catalán. æpermil;ste suponía el paso de las competencias sobre estas entidades a la Generalitat. Aunque durante la negociación del Estatut, que fue aprobado el pasado viernes por el Parlamento catalán, se ha suavizado su redacción inicial no será hasta su tramitación en el Congreso cuando se prevé alcanzar el consenso.

Así al menos se desprende de las declaraciones del consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, tras su reunión del pasado lunes con la Federación de Cajas de Ahorros Catalanas. Castells declaró su compromiso a conservar el actual modelo de cajas y que el nuevo Estatut 'no lo modifique'. De esta manera, mostraba su disposición a introducir algunos ajustes técnicos en el polémico artículo 117 del Estatut.

De momento, los grupos parlamentarios ya han dado el visto bueno a dos correcciones. La primera consiste en especificar que la competencia de la Generalitat en las cajas se aplicará sólo a las agrupaciones de cajas que tengan su sede social en Cataluña, mientras que antes se pretendía que pudiera actuar sobre cualquiera con independencia de dónde tuviera fijado su domicilio social. El otro cambio afecta al redacción del apartado de la obra social. Ahora se apunta que el Ejecutivo autonómico tendrá competencias sobre 'la regulación de los excedentes y de la obra social' y no como se decía en la redacción anterior sobre los 'excedentes de obra social'.

Riesgos de contagio

La posibilidad de que el resto de autonomías sigan el ejemplo de Cataluña e incluyan un artículo similar al 117 en sus estatutos ha llevado a la CECA a aprobar la creación de un comité para analizar las posibles consecuencias de la actual situación.