TRIBUNA

Las razones del corazón: solidaridad y eficiencia

Con frecuencia, mucho de lo que se dice acerca de la financiación autonómica y las balanzas fiscales se dice no ya con el corazón, sino con el estómago o el hígado, en lugar de seguir el consejo de la razón. Por este motivo creo útil realizar algunas observaciones que pueden contribuir a que no se perciban las reclamaciones que se hacen desde el Gobierno de Cataluña como una muestra de insolidaridad o de victimismo, sino como aportaciones realizadas desde la racionalidad económica y bajo el principio de igualdad.

Estoy convencido de que gran parte de los defectos de la financiación autonómica son debidos a que fue un tema negociado en plena transición, en un momento en que se negociaban también otras cuestiones más importantes y urgentes para todos los ciudadanos españoles. Pero después de un cuarto de siglo, y estando ya solucionadas buena parte de estas otras cuestiones, es un buen momento para mejorar una situación que afecta tanto a la equidad entre ciudadanos como a la productividad y capacidad de crecimiento de la economía española.

La disfunción existente en los flujos fiscales se debe a que se entremezclan de forma confusa tres de las funciones que tiene el Estado en una economía mixta de mercado: la redistribución de la renta y la provisión de servicios públicos (indispensables ambas para la supervivencia de una economía de mercado, que por naturaleza genera desigualdades) y la construcción de infraestructuras (que son bienes públicos, y que, sin la intervención del sector público, podrían proveerse a niveles inferiores del socialmente óptimo). En mi opinión esta mezcla le ha restado al sistema transparencia, y lo que es peor, eficiencia y justicia.

Con frecuencia, para rebatir las demandas que se hacen desde el Gobierno de Cataluña, se utiliza el argumento de que son las personas las que pagan impuestos y que por ello no es aceptable ninguna reclamación en términos territoriales, pues podría conllevar privilegios y agravios contrarios a la Constitución, que defiende la igualdad de los ciudadanos. El problema radica en que el principio de igualdad que se aplica a la hora de pagar los impuestos se debería aplicar también a la hora de recibir servicios del Estado.

Es evidente que, por motivos de solidaridad, una comunidad con una renta por encima de la media ha de tener una balanza fiscal con saldo negativo, pero el problema radica en la magnitud de ese saldo. La apelación a la diversidad de criterios es una mera cortina de humo: escójase un criterio y utilícese éste para comparar ese déficit fiscal con los que experimentan en otros países comunidades con una renta superior a la media de su país. En ningún caso aparecen déficit fiscales de tal magnitud.

Lo más lamentable es que la actual situación rompe el principio de igualdad, pues perjudica a los ciudadanos de comunidades con mayor renta, como Cataluña, que ganan rentas más bajas. De ahí el interés del PSC en solucionar el problema (el pretendido chantaje de ERC no es más que otra cortina de humo).

Para ilustrar la cuestión: un alto cargo de una empresa o de la Administración pública de una comunidad con una renta inferior a la media recibe más y mejores servicios del Estado que, pongamos, un jubilado en Cataluña. æpermil;ste debe pagar peajes para ir a visitar a sus nietos, paga la gasolina más cara para mantener su sanidad pública, que, pese a ello, sigue siendo insuficiente, lo cual le ha obligado durante años a pagarse un seguro médico privado. Ha tenido también que pagarse de su bolsillo las visitas al dentista... Y todo ello en nombre de la igualdad. No, la igualdad consiste en que cada ciudadano pague según sus ingresos y que el Estado gaste de tal manera que los servicios públicos sean lo más parecidos posible para todos sus ciudadanos.

Otro grave problema se da en la construcción de infraestructuras, algo que a mi entender afecta negativamente a todos los ciudadanos españoles. A la hora de realizar la inversión pública se ha de priorizar el principio de eficiencia, apoyando en lo posible la economía productiva para que ésta genere mayores rentas, y poder utilizar estas rentas, gravándolas con impuestos, para proporcionar unos servicios a los ciudadanos de todo el Estado en magnitud y calidad parecida.

Actuar de forma contraria es económicamente ineficiente y un error estratégico a medio y largo plazo que está perjudicando ya en el presente a toda la economía española. Véanse sino los descorazonadores datos de la evolución de nuestra productividad y de nuestra balanza por cuenta corriente. Son fruto de errores del pasado, la repetición de esos errores condicionaría nuestra futura competitividad. Si no nos dejamos aconsejar por la razón (la eficiencia) para que el pastel crezca, de poco nos servirá el corazón (la solidaridad) cuando se trate de repartir el pastel.