Reforma estatutaria en Cataluña

El Gobierno promete aplicar el máximo 'rigor constitucional'

El Gobierno intentó desdramatizar este viernes la aprobación del Estatut catalán, pero envió también un mensaje de firmeza -'se aplicará el máximo rigor constitucional'-, al tiempo que surgen en el PSOE claras voces de rechazo al texto avalado por el Parlamento autonómico.

El Consejo de Ministros examinó en un clima de cierta preocupación la situación que se abrirá con la llegada al Congreso de los Diputados de un Estatuto con algunos capítulos de dudosa constitucionalidad. El Gobierno no sólo teme el eco que en la opinión pública pueda tener la ofensiva lanzada por el Partido Popular, sino también las discrepancias que pueden surgir dentro del PSOE a la hora de definir los límites de la reforma avalada por el Parlamento catalán y el consiguiente riesgo de fricciones con el PSC y ERC.

Con el fin de objetivar al máximo el debate, para limar el Estatuto se tomarán como referencia las indicaciones efectuadas por el Consejo Consultivo de la Generalitat, así como las enmiendas que defendió el PSC en el Parlamento autonómico que no fueron admitidas por la pinza ensayada entre CiU y ERC. 'Vamos a mirar todo con lupa', dijeron ayer fuentes gubernamentales.

La negociación de los cambios que el PSOE se plantea introducir en el Estatuto se canalizará, como es lógico, a través de los grupos parlamentarios, pero será coordinada, en lo que al Gobierno respecta, desde el Palacio de La Moncloa, probablemente bajo la supervisión de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. En esta tarea se espera la colaboración estrecha del primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla. Con el fin de facilitar el proceso, que será largo y complejo, el Gobierno tratará de enfriar algunas semanas el debate para 'no actuar en caliente'.

María Teresa Fernández de la Vega fue este viernes muy cautelosa a la hora de comentar el nuevo Estatuto, pero acentuó dos mensajes: el respeto del Gobierno por una reforma que ha sido avalada por el 90% de la Cámara catalana y, en segundo lugar, la intención de aplicar 'el máximo rigor constitucional'. 'El presidente Zapatero respaldará la reforma para que sea aprobada, pero eso no significa que no pueda retocarse si hay aspectos inconstitucionales', señaló la vicepresidenta primera, quien trató también de desdramatizar la situación. 'Hay cauces democráticos, legales y constitucionales para abordar la propuesta de Estatuto. Es un proceso de normalidad democrática', abundó.

El PP pide elecciones

La vicepresidenta rechazó la petición del PP de tramitar el texto procedente de Cataluña como una reforma constitucional 'porque la situación no merece medidas drásticas'. El PP llegó a pedir, incluso, la disolución de Las Cortes.

En el PSOE se han levantado ya las primeras voces críticas con el modelo de financiación que incorpora el Estatuto. El presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, advirtió que dicho modelo, así como la definición de Cataluña como nación, violentan la Constitución. Otro tanto opinaron el presidente andaluz, Manuel Chaves, el secretario de la FSM, Rafael Simancas, y el portavoz de Política Municipal, Álvaro Cuesta.

Chaves advirtió que 'la soberanía nacional que radica en el Congreso de los Diputados es la garantía máxima de que todos los estatutos que están siendo objeto de reforma en España, tanto el catalán como el andaluz, el canario o el valenciano, serán constitucionales y solidarios'.

Los empresarios piden 'espíritu constructivo'

Los empresarios catalanes consideran una 'buena noticia' la aprobación del nuevo Estatuto. En un comunicado emitido este viernes, la patronal Fomento del Trabajo, que preside Joan Rosell, calificó de 'paso adelante' el aval dado al proyecto 'por una amplia mayoría'.

Sin embargo, la patronal lamenta que 'no se haya podido obtener un consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento', en alusión al voto negativo que ha recibido el nuevo Estatuto por parte del Partido Popular de Cataluña.

'Las nuevas aspiraciones que la propuesta de ley orgánica plantea han de poder ser integradas en el bloque de constitucionalidad', advierte Fomento.

La patronal alerta de que para ello 'hará falta un fuerte espíritu constructivo por parte de todos los grupos políticos'.

El resto de comunidades elevan sus aspiraciones

La ambición que encierra el Estatuto aprobado ayer en Cataluña ha provocado un reguero de reacciones en el resto de las comunidades autónomas, desde donde se rechaza cualquier tipo de privilegios.

El presidente canario, Adán Martín, reclamó para las islas una Agencia Tributaria propia porque, en su opinión, han demostrado que tienen capacidad para hacerse cargo de la gestión, liquidación e inspección de los tributos estatales, aduaneros y autonómicos que se recaudan en el ámbito territorial. Según el presidente de Coalición Canaria, Paulino Rivero, no tiene sentido que los socialistas canarios sean 'más timoratos' que los catalanes 'máxime cuando todos compartimos que los hechos diferenciales canarios desbordan ampliamente a los catalanes'.

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, transmitió este viernes al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, la intención de su Gobierno de que Galicia cuente 'pronto' con un nuevo Estatuto que la reconozca como 'nación'. A su juicio, el nuevo Estatuto debe servir también para que Galicia cuente con un 'ámbito de competencias blindadas de intervenciones foráneas'.

El Gobierno balear tampoco aceptará 'que haya 'autonomías de primera y de segunda', por lo que si Las Cortes dejan como está el Estatuto catalán 'las Islas tendrán derecho a pedir que su sistema de financiación se negocie también de manera bilateral con el Estado', dijo el portavoz del Ejecutivo balear, Joan Flaquer.

El presidente de Esquerra Republicana, Josep Lluis Carod, advirtió que para esta formación la aprobación del Estatuto es un 'punto y seguido'.