EDITORIAL

Buen gobierno, capítulo tercero

España llegó algo tarde a la ola del buen gobierno corporativo, pero en la última década los poderes públicos han auspiciado tres comisiones sucesivas de expertos para elaborar recomendaciones en la materia. Un optimista diría que la constitución de la comisión Conthe, que, tras la primera reunión de toma de contacto, inicia hoy sus trabajos, es la prueba de la importancia que se le concede en España al buen gobierno. Un pesimista, en cambio, concluiría que este tercer grupo no es sino la prueba del fracaso de los dos anteriores. Hay algo de cierto en ambas posturas.

La preocupación por el buen gobierno es en España mayor que nunca. Las empresas han sentido la exigencia social de una mayor transparencia y han adecuado sus esquemas de administración a modos y maneras formalmente más respetuosos con el mercado y, en particular, con el pequeño accionista. Nunca como hoy se ha dispuesto de tanta información en materia de retribuciones, de blindajes, de operaciones vinculadas... cumpliendo el principio de que la transparencia es el mejor antídoto contra el fraude.

Lo resultados, sin embargo, están lejos de lo óptimo. Las empresas han encontrado con demasiado frecuencia la vía para cumplir la letra de la ley haciendo caso omiso a su espíritu. Los sistemas de nombramiento de consejeros independientes dejan mucho que desear y su prestigio como defensores de los minoritarios se ha resentido ante su permanente acuerdo con la dirección y/o los socios de referencia. Casi el 90% de las grandes empresas tiene blindajes. La información sobre retribuciones está lejos de la transparencia...

Más allá de su tarea de refundir y completar las recomendaciones de Aldama y Olivencia en esas y otras materias y de proponer reformas de obligado cumplimiento, la comisión Conthe debería buscar la manera de evitar que continuase esa separación entre cumplimiento formal y real de las obligaciones de buen gobierno.