Compañías bajo llave
La limitación de los derechos de voto es el blindaje más conocido, pero no el único. El 88% de las compañías del Ibex 35 dispone de algún mecanismo para trabar la llegada de inversores no deseadosPara invertir
La opa de Gas Natural sobre Endesa ha devuelto al primer plano los blindajes empresariales. Los estatutos de la eléctrica limitan los derechos de voto de cualquier accionista al 10% con independencia del capital que se posea.
En los últimos años tanto las empresas como la CNMV se han aferrado a la moda del buen gobierno. Las primeras publicitando prolijos informes acerca de la responsabilidad corporativa. Por su parte, el regulador ha impulsado comisiones con el objetivo de establecer códigos (Olivencia primero, Aldama después) que defendieran a los accionistas minoritarios. Sin embargo, y salvo algunas mejoras, bien podría aplicarse a estas iniciativas aquel viejo axioma del conde de Lampedusa en su novela El Gatopardo, según el cual, 'hay que cambiar todo para que nada cambie'.
Y es que el 88% de las compañías del Ibex 35 aún tiene en vigor algún mecanismo que dificulta la entrada de un inversor no deseado en su capital, según se desprende de los datos remitidos por las empresas del selectivo a la CNMV en su último informe anual de gobierno corporativo. Tan sólo Acciona, Bankinter, Cintra y Ferrovial carecen de estos sistemas antiopa.
Uno de los mecanismos más efectivos por su sigilo es la cooptación de consejeros por parte del consejo. La junta se limitará a ratificar su elección
El blindaje más conocido es el de limitar los derechos de voto a un porcentaje determinado del capital. Además de Endesa, otras ocho compañías tienen en sus estatutos lo que la jerga anglosajona denomina como poison pill (píldora envenenada): Acerinox, Altadis, Banco Popular, Banco Sabadell, Enagás, Iberdrola, Repsol YPF y Telefónica. En los últimos años han suprimido este blindaje Santander, BBVA y Metrovacesa.
Las asociaciones de accionistas minoritarios rechazan este sistema puesto que permite a los accionistas de referencia negociar con un potencial comprador el cambio de control, asegurándose en exclusiva una jugosa prima. Además, puede echar para atrás muchas opas puesto que a la sociedad interesada en lanzarla no le sirve de nada pagar gran cantidad de dinero si no puede ejercer de forma efectiva el control de la compañía que desea comprar.
La legislación española no prohibe este tipo de blindajes, si bien en la última modificación del real decreto de opas se introduce como novedad la posibilidad de lanzar ofertas condicionadas a que se suprima la limitación de los derechos de voto. Esta situación mejorará, no obstante, el próximo año. Los países de la UE tienen de plazo hasta el 20 de mayo de 2006 para trasponer a su legislación la Directiva comunitaria de opas. Este texto señala en uno de sus artículos que las restricciones al derecho de voto previstas en los estatutos de la sociedad 'no surtirán efecto en la junta general de accionistas que decida sobre posibles medidas de defensa'.
De todas formas, el blindaje basado en limitar los derechos de voto no es, ni mucho menos, el único. Otro mecanismo anti-opa muy extendido (hasta 26 empresas del Ibex 35 reconocen tenerlo) es el de establecer cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección. Este tipo de contratos se podría resumir, por lo tanto, en la expresión castiza 'si me mueves la silla te va a salir caro'.
Otro blindaje muy popular entre las compañías españolas es la necesidad de mayorías reforzadas para votar determinadas decisiones, principalmente referidas a la composición del consejo o a la elección del consejero delegado. 14 empresas del Ibex 35 reconocen que a veces utilizan las mayorías reforzadas.
Asimismo, cuatro compañías del selectivo establecen obstáculos (en forma de requisitos) para que un recién llegado a la empresa no pueda aspirar a la presidencia. En el caso de Telefónica, por ejemplo, para que un consejero pueda ser designado presidente, 'será necesario que haya formado parte del consejo durante, al menos, los tres años anteriores a su designación'. Este requisito, sin embargo, no será necesario cuando cuente con el voto favorable de, al menos, el 85% del los miembros del consejo.
Además de estos cuatro blindajes, hay un quinto que levanta menos polvareda por su sigilo, pero que es igualmente efectivo: la cooptación. Por medio de este instrumento, las vacantes que se producen en los consejos se cubren a través de las personas que el propio órgano de gobierno o el presidente proponen. Luego, en la próxima junta, los dueños de la empresa, es decir, los accionistas, se limitarán a ratificar los nombramientos.
Por si esto fuera poco, el Estado se reserva sus propios blindajes en empresas estratégicas, a pesar de los llamamientos de Bruselas para que se supriman. El primero de ellos es la acción de oro, que le faculta a vetar la entrada en el capital de inversores no financieros. El Gobierno tendrá golden share en Repsol hasta febrero de 2006; ese año también expira en Iberia y en 2007 lo harán la acción de oro en Telefónica, su filial de móviles y Endesa. Además, el Ejecutivo limita, mediante la llamada Ley EDF (elaborada por el PP en el poder), los derechos de voto de cualquiera con presencia pública en su accionariado que entre en una empresa energética.
217 ejecutivos blindados sin saberlo la junta
La existencia de cláusulas de garantía, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos es el mecanismo de blindaje más extendido entre las compañías incluidas en el Ibex 35.En conjunto, dentro del selectivo hay 293 ejecutivos que tienen asegurada una indemnización en el caso de que la compañía cambie de manos, de acuerdo a los datos facilitados por las propias empresas a la CNMV en sus informes de buen gobierno correspondientes al ejercicio 2004.En todos los casos, el órgano que autoriza las cláusulas es el propio consejo de administración. Además, 20 de las 26 compañías que admiten estas prácticas y que en total acumulan 217 ejecutivos, reconocen que no informan acerca de estos blindajes a la Junta General de Accionistas. Sólo Altadis, Mapfre, REE, Telefónica, Unión Fenosa y Endesa matizan que sí informan de estas cláusulas al máximo órgano de gobierno de la empresa.Precisamente la dirección de Endesa, que en este momento se afana en defenderse de la opa de Gas Natural, es la compañía con más ejecutivos blindados, con 29 casos. A la eléctrica le sigue el Banco de Santander, con 27 ejecutivos blindados e Iberia con 19.La Comisión Aldama, en su informe final, pasó de puntillas sobre la existencia de estos blindajes en sus conclusiones. 'La comisión, aunque no considera adecuadas algunas de estas actuaciones, entiende que son de difícil regulación con carácter general, y su recomendación se inclina a que sea cada consejo de administración el que se autorregule con el fin de evitar situaciones abusivas o poco justificables'.