Los jueces anulan las multas de Bruselas a DaimlerChrysler en Alemania y España
La Comisión Europea, según el Tribunal de Justicia de la UE, volvió a equivocarse cuando en 2001 impuso una sanción de casi 62 millones de euros a DaimlerChrysler por imponer ciertas condiciones de venta a los concesionarios de Mercedes-Benz en España y Alemania. Se trata de la enésima sentencia que en sólo cinco años rebate a la dirección general de Competencia de la Comisión.
La dirección general de Competencia de la CE , que ahora dirige la polémica comisaria holandesa Neelie Kroes, encajó ayer una nueva derrota judicial frente a una de las empresas que sufrió su rigor en los últimos años. El fabricante de automóviles DaimlerChrysler logró que el Tribunal de Primera Instancia de la UE anulara dos de las tres multas que Bruselas le impuso a finales de 2001 por violar las normas comunitarias de Competencia. Los jueces sólo han ratificado la sanción de 9,8 millones de euros que el entonces comisario de Competencia, Mario Monti, impuso al fabricante por pactar con sus concesionarios en Bélgica una política contra los descuentos.
El resto del expediente, uno de los que nutrió la ofensiva de la CE contra el sistema de distribución automovilística imperante en la UE, se ha desbaratado tras la revisión de los jueces comunitarios. La Comisión dispone de dos meses para recurrir el fallo.
El Tribunal ha anulado, en concreto, la multa de 47 millones de euros impuesta a DaimlerChrysler por reclamar a sus concesionarios en Alemania que limitasen la venta de Mercedes, en especial, del modelo Clase-E, a los clientes residentes en su propia demarcación geográfica. La compañía, según la Comisión, intentaba así evitar la competencia interna entre sus vendedores y, por tanto, fragmentaba artificialmente el mercado interior.
La práctica se prolongó, según la acusación de la Comisión, entre febrero de 1996 y junio de 1999. A partir de septiembre de 1995, el fabricante agravó la presunta violación del derecho comunitario al pedir a sus representantes que exigieran un depósito del 15% del precio del vehículo a todos los potenciales compradores que llegaran de fuera de su territorio.
Los jueces no han desmotado esta trama, pero han dinamitado el principio básico de la acusación. La sentencia encuentra que DaimlerChrysler actuó 'unilateralmente' y, por tanto, no concertó su actuación con ninguna otra empresa, lo cual hubiera infringido las normas de competencia. El Tribunal, con un argumento que puede tener repercusiones sobre la apreciación futura de la integración vertical del sector automovilístico, afirman que 'los concesionarios alemanes pueden ser asimilados como empleados de Daimler Chrysler y considerados como una parte integrante de la compañía'.
La sentencia afirma, además, que la Comisión 'exageró notablemente' la importancia de los riesgos comerciales asociados a la actividad de los concesionarios. Un argumento que permitió a Bruselas calificarlos como empresas independientes y concluir, por tanto, que el acuerdo con Daimler era 'multilateral'.
España
Los jueces también han anulado la sanción de 15 millones de euros impuesta a DaimlerChrylser por su actividad en España. En este caso, la Comisión dictaminó que la compañía prohibió a partir de 1996 a sus concesionarios en España despachar turismos a las compañías de leasing que no identificaran al comprador. El fabricante impedía así a esas empresas acumular sus propia reserva de vehículos.
Los jueces han concluido que la obligación de identificar al comprador ya existe en la legislación española sobre ese tipo de venta. 'La restricción de la que se acusa a Daimler, por tanto, no es contraria al Tratado de la UE'.
La ofensiva de la CE contra el sector
La dirección general de competencia de la CE ha mantenido una especial vigilancia sobre el sector automovilístico, al que ha acusado de fragmentar el mercado único e impedir la convergencia de precios entre países. Volkswagen, Opel y DaimlerChrysler han sido multados por prácticas fraudulentas. El Tribunal de la UE ha reducido las multas impuestas. Aún así, la sanción a Volkswagen se elevó a 90 millones de euros.