El pacto sanitario sale adelante con la abstención del PP
Con claras señales de insatisfacción exhibidas por la mayoría de los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, el Consejo de Política Fiscal aprobó anoche por mayoría el presupuesto extraordinario de 3.042 millones de euros que el Gobierno destinará a la sanidad.
Algunos diputados del PP bromeaban ayer con el título de la película de Woody Allen Toma el dinero y corre, en referencia a la actitud que las comunidades gobernadas por su partido iban a adoptar horas más tarde en el Consejo de Política Fiscal ante la propuesta del Gobierno sobre financiación sanitaria. En efecto, estos territorios aceptaron los recursos económicos adicionales puestos por el Gobierno encima de la mesa, pero rehusaron bendecir el acuerdo con su voto. Sus consejeros de Hacienda se abstuvieron en la votación en la que se aprobaron los nuevos fondos, excepción hecha del navarro, perteneciente a Unión del Pueblo Navarro, que votó a favor junto a los consejeros socialistas. El resto de los consejeros apoyaron la oferta del Gobierno, incluido el del País Vasco.
Como la razón principal esgrimida por el PP para no sellar el acuerdo sobre financiación sanitaria en la reciente Conferencia de Presidentes fue la ausencia de un documento donde constara qué dinero correspondía a cada comunidad, lo primero que hizo ayer el vicepresidente económico, Pedro Solbes, al comienzo del Consejo de Política Fiscal, fue informar a los consejeros regionales de las partidas que de antemano se pueden territorializar.
La primera suma 500 millones de euros y forma parte de las transferencias directas que hará el Estado a las comunidades autónomas. Su reparto se realizará conforme a los mismos criterios que rigen en el modelo de financiación de 2001 todavía vigente y que priman el número de habitantes y la población protegida. Por ello, los territorios que más dinero percibirán serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la comunidad valenciana, por este orden.
Solbes también informó ayer del reparto del fondo sanitario destinado, con criterios de insularidad, a Baleares y Canarias, así como de la distribución de los anticipos a cuenta para este ejercicio y para 2006, que suman 1.365 millones en cada periodo.
Las comunidades gobernadas por el PP, sobre todo la madrileña, protestaron porque consideran que el Gobierno no ha tenido en cuenta en toda su amplitud el aumento de población. En el caso de Madrid, son más de 700.000 personas desde 1999. Además, exigieron que el Ministerio desagregara el reparto del resto de los fondos previstos en la oferta hecha por el Gobierno.
Se trata de un mero ejercicio de cálculo que, en ningún caso, puede ser preciso. La razón es sencilla. No puede conocerse con antelación cuanto va a recaudar cada comunidad por los impuestos especiales que gravan el tabaco y el alcohol. Tampoco se puede precisar la evolución del PIB, teniendo en cuenta que la liquidación presupuestaria de 2005 no se conocerá hasta 2007. De ello dependerá el reparto de otra partida de 500 millones. Otro tanto ocurre con el resto de los fondos comprometidos para la sanidad, entre ellos el que cubrirá la asistencia a residentes extranjeros, dotado con 200 millones, o el previsto para atender los accidentes laborales no cubiertos por las mutuas, cuya dotación será de 100 millones.