Un debate no partidista sobre la sanidad
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha iniciado el curso político 2005-2006 presentando un informe sobre las soluciones que propone el Ejecutivo para paliar el déficit de la sanidad española. El informe presentado no apunta ideas novedosas. El Ejecutivo propone aumentar el impuesto estatal sobre el alcohol (10%) y el impuesto que grava las labores del tabaco (5%), tal y como meses atrás recomendaba el Informe Villardell encargado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya. Apuesta asimismo porque las comunidades autónomas establezcan recargos de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad (cosa poco probable, pues su coste político es grande). El Gobierno pretende también duplicar el gravamen por venta minorista de hidrocarburos hasta 4,8 céntimos de euros por litro (con la salvedad de que la investigación abierta por Bruselas en relación al céntimo sanitario tenga un dictamen desfavorable). Y propone, finalmente, que el Gobierno central aporte en dos tramos a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado hasta 1.000 millones de euros.
Tras el análisis, se pueden extraer dos conclusiones: la primera, que la propuesta del Gobierno está muy lejos de ser un plan de consenso. La segunda, que el informe no se parece en nada a un nuevo modelo de financiación. Y es que da la sensación de que la propuesta del Gobierno está diseñada como un conjunto de acciones coyunturales orientadas, por un lado, a inyectar de forma inmediata más capital para reducir la deuda y, por otro, a ganar tiempo para afrontar en la próxima legislatura una reforma profunda del modelo.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) de nuestro país padece un problema estructural. Necesita una revisión, otras vías de financiación y el planteamiento de un modelo que dé respuesta a los problemas comunes que los sistemas sanitarios públicos en Europa padecen y a sus problemas crecientes, como la evolución de la inmigración, el envejecimiento de la población y, sobre todo, el encarecimiento de los procesos terapéuticos.
Por eso, la solución no reside, como algunas voces han apuntado, en que el Estado asuma la integridad de la deuda como se ha hecho con el caso de RTVE. Cuando un país se centra en esos planteamientos políticos ante un problema, el dinero nunca es suficiente. Más tratándose de una competencia cuya gestión está completamente transferida y en la que desde un punto de vista técnico el Estado tiene poco margen, ya que nueve de cada diez euros son gestionados por las autonomías. Pero además esa actitud no es deseable. Pues ello significaría dar el mismo trato a los que gestionan bien sus recursos y a los que no lo hacen. Y eso no es justo.
Por eso, desde el Sindicato de Enfermería (Satse) creemos que este debate no debe convertirse en un instrumento de confrontación partidista según el signo político de los Gobiernos autonómicos. No obstante, desde nuestra posición como sindicato profesional del sector hay tres asuntos que nos parecen de vital importancia señalar: el primero, es el relativo a diseñar unos Presupuestos que contemplen el gasto necesario para atender los problemas de salud de la población. Aunque no existe una evaluación fiable de las necesidades de salud en España, los cálculos de incremento preciso se mueven alrededor de un 1% más del PIB dedicado a gasto sanitario público, objetivo que creemos debería plantearse Sanidad para esta legislatura.
El segundo, organizar mecanismos que aseguren una atención sanitaria equitativa entre todas las comunidades autónomas. Y el tercero, y más importante, es el compromiso claro en el nuevo modelo hacia la excelencia del sistema, dotándolo de mayores recursos humanos y materiales.
Consideramos además que la financiación sanitaria sólo se puede abordar desde la cooperación y corresponsabilidad entre Administraciones, el análisis de propuestas y la búsqueda de acuerdos. La construcción del nuevo modelo de financiación deberá nacer, por lo tanto, a través de un gran Pacto de Estado en materia sanitaria, similar al de las pensiones, en el que los ciudadanos se vean reflejados y con el que vuelvan a ilusionarse.