Buen momento para la corresponsabilidad fiscal

La propuesta del Ejecutivo a las comunidades autónomas acerca de la financiación de la sanidad consiste, muy esquemáticamente, en la realización de un esfuerzo compartido entre las instancias estatal y autonómica.

El Estado se compromete a aportar 1.000 millones de euros en dos años y con cargo a su Presupuesto, así como a introducir subidas en los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco. Asimismo, se amplía la capacidad normativa de las comunidades en relación con los impuestos cedidos sobre la electricidad y sobre hidrocarburos en fase minorista. Con esta última medida se pretende que sean aquéllas las que, en uso de dichas competencias, suban tales impuestos para hacer frente a la parte del déficit sanitario no cubierta por el Estado.

Esta propuesta ha sido, en términos generales, mal acogida por las comunidades autónomas. Así, mientras unas guardan silencio o muestran ciertas reticencias, otras expresan un rechazo frontal. Es cierto que la fórmula ideada del Gobierno puede ser objeto de ciertas críticas más o menos fundadas, derivadas, por ejemplo, de la utilización de los impuestos indirectos para financiar el déficit en lugar de acudir a tributos directos o por el encarecimiento de los hidrocarburos en un momento de fuertes subidas de sus precios.

Pero, a mi juicio, no puede cuestionarse -como se está haciendo- la necesidad de que las comunidades autónomas realicen un esfuerzo compartido con el Estado para la financiación de este servicio público esencial, que es de su competencia, por mucho que corresponda a este último la fijación de las bases y coordinación general.

Esta polémica nos traslada, así expuesta, a un debate más amplio, como es el de la aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad fiscal, que viene a complementar la autonomía financiera que reconoce el artículo 156 de la Constitución a las comunidades. Con arreglo a tal principio, la autonomía en el gasto también debe tener su correlato por la vía del ingreso. Así, las comunidades no pueden convertirse en Administraciones exclusivamente amables para el ciudadano, prestando servicios pero sin asumir su responsabilidad en cuanto a la obtención de los ingresos necesarios para financiarlos. Por el contrario, se hace necesario que asuman el coste político que lleva aparejada la introducción de nuevos o mayores tributos para subvenir a la satisfacción de las necesidades públicas. Ello redundará, además, en una gestión más eficaz y sobria de los gastos públicos.

Sin embargo, la realidad nos muestra que las comunidades no terminan de asumir su necesaria corresponsabilidad fiscal. Buena muestra es que las medidas que han introducido hasta el momento se han limitado, en la mayor parte de las ocasiones, a pequeñas deducciones, de escaso impacto recaudatorio y creadas, las más de las veces, con finalidad electoral.

Pues bien, parece que en estos momentos la situación no puede ya sostenerse. El déficit acumulado de la sanidad ha alcanzado una magnitud considerable y no se puede exigir que sea el Estado el que, de modo exclusivo, obtenga de los ciudadanos los recursos necesarios para financiarlo. Por ello -sin entrar a examinar los aspectos concretos que pueden ser más discutibles y sometidos a negociación-, creo que la estructura de la propuesta formulada es la única posible: esfuerzo fiscal conjunto del Estado y las comunidades autónomas. Además, esta responsabilidad compartida no debe predicarse sólo para la financiación sanitaria, sino que debe ser la pauta que, ahora y en el futuro, rija todo el sistema de financiación autonómica.

Por otra parte, también debe recordarse que el modelo debe responder a otros criterios de justicia. Señaladamente, no puede olvidarse la solidaridad, que adquiere especial sentido cuando se predica de la financiación de las comunidades, ya que se trata de territorios con distinta potencialidad económica, lo que obliga a equilibrar sus fuentes de ingresos y a concebir y exigir los tributos de forma que se haga efectivo este ideal.

Por ello, la aportación estatal para la financiación de la sanidad debe tener en cuenta las desigualdades iniciales en cada una de las autonomías, al objeto de reequilibrar su situación financiera. Todo ello, junto con otros factores también muy relevantes, como son la superficie, la población y la dispersión y envejecimiento de esta última.

Por último, tal vez sea necesario que la dotación proveniente de las arcas estatales se incremente de algún modo. Pero éste es campo abonado para la negociación. Negociación que se presenta difícil si las Comunidades no aceptan el punto de partida que hemos defendido a través de estas líneas.