La deuda se descentraliza
La revisión del PIB llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística ofrece un retrato mucho más fidedigno sobre la realidad de la economía española. Las nuevas tablas reflejan un aumento espectacular en el número de empresas constituidas por ayuntamientos y comunidades autónomas, con el objetivo prioritario de canalizar inversiones a través de las mismas. En total afloran unas 200 sociedades, la mayoría vinculadas a los ejecutivos regionales. Y aunque abundan las fundaciones vinculadas a la cultura y a la educación, las de más peso sin duda son las destinadas a invertir en infraestructuras de transporte.
Las empresas que más han sonado en los últimos meses son Mintra, la sociedad constituida por la Comunidad de Madrid para realizar las obras del metro, y Madrid Calle 30, que es la compañía creada por el Ayuntamiento de la capital para ejecutar la remodelación de la circunvalación M-30. Sin embargo, el modelo se extiende a lo largo y ancho de la geografía española. Ayuntamientos y comunidades intentan con esta fórmula que la deuda contraída por estas sociedades no compute dentro del presupuesto, facilitando así el cumplimiento de los compromisos de equilibrio fiscal. Pero para que esto sea posible es preciso cumplir el mandato de la agencia europea Eurostat, que exige que la sociedad pueda cubrir con los ingresos de su actividad al menos el 50% de sus gastos. Este es, precisamente, el motivo del conflicto que mantienen la sociedad Mintra y la agencia estadística europea.
La extensión del modelo coincide con un aumento espectacular del endeudamiento de este tipo de sociedades. Según el Banco de España, la deuda acumulada por empresas públicas de comunidades y ayuntamientos alcanzó en el primer trimestre los 9.431 millones (un 1,1% del PIB), frente a los 8.081 millones de las ligadas al Estado (0,9% del PIB). Mientras el Estado hace todo lo posible por aliviar su deuda, el resto de las Administraciones la engorda a pasos acelerados. Un ejercicio de descentralización nada saludable.