El abuso de la temporalidad
Uno de cada tres empleos es temporal en España, una proporción inédita en Europa e impropia de una economía moderna. Esta tasa llega a niveles exagerados en determinados colectivos, como entre jóvenes (62%), mujeres (36%) e incluso trabajadores de la Administración pública (25%). El abuso de los contratos por días o meses -incluso por horas- revela que algo funciona mal en el mercado laboral español, cuya reforma volverá a tratarse a la vuelta del verano.
El lastre de la temporalidad viene de lejos, cuanto menos de octubre de 1984, cuando el Gobierno daba pasos decididos en la liberalización de los mercados, en lo que no era sino el inicio de la adaptación del sistema productivo al modelo europeo y el adiós definitivo a un modelo cerrado e insostenible. En una sociedad atenazada por el desempleo rampante, a la liberalización de los alquileres y una reconversión industrial decidida siguió la puesta en marcha de la contratación temporal, unida al control de los salarios.
La resistencia sindical y política a aceptar un modelo más flexible de despido, ante la alargada sombra de la legislación proteccionista al trabajador, provocó que se abriese la espita de la flexibilidad en la entrada en el mercado de trabajo. Una panoplia de contratos, con el de fomento del empleo como estrella (con protección económica y sin exigencia de causalidad, es decir, apto para cubrir puestos fijos), reactivó el mercado de trabajo de manera automática, pero ha fracturado el mercado hasta el abuso.
Hoy España tiene el doble de temporalidad que la Unión Europea, donde la tasa se mueve en valores del 14% al 17%, más razonables para economías maduras. España puede justificar cifras algo superiores por la naturaleza terciaria de su economía, con gran peso de actividades estacionales como el turismo, pero no hasta los extremos alcanzados. Gobierno, sindicatos y patronal están obligados a encontrar soluciones eficaces aunque ello obligue a revisar el sistema a fondo, incluido el viejo tabú del coste del despido.