La Juez inhabilita temporalmente al consejero delegado de Popolare di Lodi
Una juez de Milán ha decretado hoy la inhabilitación temporal del empresario Giampiero Fiorani como consejero delegado de Banca Popolare di Lodi (BPI), ante supuestas irregularidades en las operaciones para hacerse con Banca Antonveneta. Fiorani no podrá ejercer su cargo durante al menos dos meses, según la decisión de la juez Clementina Forleo, que estableció la misma medida para el director financiero del instituto, Gianfranco Boni.
La magistrada también dictaminó la inhabilitación temporal para actividades empresarial de los accionistas de Antonveneta Emilio Gnutti, Stefano Ricucci y Danilo Coppola, que poseen respectivamente un 6,8, un 4,99 y un 1,5% del banco. Estas cuotas, junto con el 29% en manos de BPI, fueron confiscadas por la Fiscalía de Milán el pasado 25 de julio, después de que se descubriera que habían suscrito un pacto no declarado para aumentar su capital en Antonveneta.
La juez Forleo ha ratifiado hoy esa confiscación y estableció además el secuestro cautelar de las plusvalías que algunos accionistas lograron por negociar con títulos de la entidad paduana. La Fiscalía de Milán investiga a Fiorani y a sus aliados en Antonveneta, que reúnen cerca del 45% del capital de la entidad, al sospechar que infringieron la normativa financiera al suscribir un pacto no declarado y rastrear el mercado para hacerse con su control.
Esos movimientos se produjeron después de que el banco holandés Abn Amro, que posee el 29,9% de Antonveneta, lanzara una oferta pública de adquisición (OPA) por el banco que finalmente fracasó por falta de adhesiones. En la contienda por el instituto bancario del Véneto, BPI presentó a su vez dos OPA, una voluntaria y otra obligatoria, que fueron suspendidas por la autoridad bursátil el 27 de julio y por el Banco de Italia tres días más tarde.
Esa decisión fue recurrida hoy por el banco de Giampiero Fiorani ante el Tribunal Administrativo Regional del Lazio (centro). Para "congelar" las ofertas, el organismo de control de la Bolsa alegó "fundadas sospechas de una grave carencia informativa que no permite a los destinatarios de las ofertas tener un claro juicio sobre las mismas".