Trabajo alerta de que la Seguridad Social tendrá déficit en diez años
La Seguridad Social entrará en números rojos en 2015 si no se hacen las reformas necesarias. El déficit ascenderá ese año a 625 millones de euros y en 2020 casi llegará a 18.000 millones, según admite el Ministerio de Trabajo en un informe que hará hoy público. Esto servirá para urgir a los interlocutores sociales que pacten las reformas.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tiene previsto presentar hoy a los empresarios, sindicatos y grupos parlamentarios un informe sobre la salud financiera de la Seguridad Social y el sistema de pensiones, que presentará posteriormente en Bruselas.
El mensaje que desprenden las proyecciones financieras de este documento no es otro que el de urgir a los interlocutores sociales y al Parlamento a que reformen la Seguridad Social para evitar que entre en crisis en diez años.
Según ha podido saber este periódico, en ese informe Trabajo alerta de la necesidad de cambiar el sistema de pensiones porque, de lo contrario, la Seguridad Social entrará en déficit en 2015, terminando ese ejercicio con unos número rojos de 625 millones de euros.
Si llegados a este punto siguiera sin haber reformas, el sustancial crecimiento del número de pensionistas, que llegarán al sistema con mayores pensiones que las que hay actualmente, elevará el déficit del sistema a 17.721 millones en 2020, sólo cinco años después de entrar en números rojos.
A la luz de estos datos, y teniendo en cuenta que los superávit de la Seguridad Social de los próximos años seguirán engrosando el fondo de reserva de las pensiones, a partir de 2015, cuando el sistema entre en déficit, éste podrá paliarse con dicho fondo. Si bien, siete años después de alcanzar los números rojos, en 2022, el fondo de reserva también se agotará.
Esto puede sonar alarmista si se tiene en cuenta que la Seguridad Social atraviesa en la actualidad un excelente momento financiero. Está previsto que este ejercicio recaude 83.220 millones de euros de cotizaciones sociales y en lo que va de año ya se ha recaudado un 3,5% más de lo previsto. Esto ha llevado al responsable de la Seguridad Social, Octavio Granado, a asegurar que en 2005, el superávit del sistema será superior al 0,7% del PIB que estaba previsto. La buena marcha de los ingresos permitirá también que el fondo de reserva termine el presente año con más de 29.000 millones frente a los 26.650 que tiene ya en la actualidad.
Sin embargo, los responsables de la Seguridad Social no quieren que estos buenos datos encubran las dificultades a las que tendrá que hacer frente el sistema a partir de 2015 y, sobre todo, pretenden evitar una reforma brusca que implique graves recortes de pensiones a partir de 2022, cuando se agote el fondo de reserva. Hasta el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido recientemente, en el Congreso de UGT, la colaboración de los sindicatos para reformar el sistema de pensiones.
Mientras tanto, los agentes sociales discutieron ayer en Santander el futuro del sistema. El responsable de pensiones de CC OO, Salvador Bangueses, abogó por consolidar un modelo de crecimiento productivo, distinto al actual, como mejor garante del sistema de pensiones. Jaime Frades (UGT) situó como prioridad la creación en esta legislatura de un derecho universal de atención a la dependencia, que sea financiado con la Seguridad Social y Pilar Iglesias (CEOE) reclamó una rebaja de cotizaciones porque los excedentes ya financian todas las pensiones contributivas, el fondo de reserva y aún sobra dinero.
Inmigrantes bajo riesgo de expulsión
Todos los expertos coinciden en que ni siquiera la masiva llegada de inmigrantes solucionará el problema financiero de las pensiones causado por el envejecimiento de la población en los próximos diez años.Aun así, es indudable que, de momento, la llegada de trabajadores extranjeros está engrosando las arcas de la Seguridad Social más de lo previsto. Este es el principal resultado del proceso extraordinario de regularización, que el Gobierno prevé terminar en los próximos días con la afloración de más de 600.000 empleos sumergidos que eran ocupados por inmigrantes.No obstante, no todo son buenas noticias en este proceso. El director general de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar, anunció ayer que, según la ley vigente, el Gobierno tendrá que expulsar a más de 55.000 inmigrantes a los que ya les ha sido rechazada su solicitud de regularización. De momento, de las 690.000 solicitudes de regularización recibidas, ya se han resuelto 504.786, un 89,1% de forma positiva y el 10,9% restante han sido denegadas. Estos serán los inmigrantes que podrán recurrir el rechazo de su solicitud e incluso pedir el arraigo por otros motivos previstos en la ley. Pero el Gobierno podrá expulsarlos si no se les concede la residencia por ninguna de estas vías.