Acuerdo

Los ayuntamientos ingresarán 120 millones adicionales a cambio del IAE

El Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordaron ayer aplicar una nueva metodología en el cálculo de la compensación que reciben los ayuntamientos por la desaparición del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

El acuerdo permitirá a las corporaciones locales ingresar el año que viene 120 millones de euros adicionales. La nueva metodología se aplicará en 2006, pero el Gobierno y la FEMP pactaron la constitución de una comisión técnica de financiación local, integrada por representantes de ambas partes, con el fin de estudiar qué parte del acuerdo se puede anticipar a 2005.

Esta comisión se encargará de analizar las reformas necesarias del actual modelo de financiación local, aunque las decisiones estarán supeditadas al nuevo ámbito competencial que establezca el Libro blanco para la reforma del Gobierno local. Según los Ministerios de Economía y Administraciones Públicas, entre los aspectos que se estudiarán figura la atención que debe prestarse a la situación financiera de los ayuntamientos de pequeño tamaño, con una población inferior a los 20.000 habitantes.

En el acuerdo firmado ayer en Madrid por el vicepresidente Pedro Solbes, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente de la FEMP, Francisco Vázquez, el Gobierno central se compromete a promover un estudio que identifique las actividades que realizan las corporaciones locales cuya competencia está actualmente en manos de otra administración pública. Este estudio se haría dentro del marco de la Conferencia sectorial de Asuntos Locales.

Atención a la inmigración

Una vez que finalice dicho estudio sobre aquellos servicios que prestan las corporaciones locales a pesar de que son competencia de la administración autonómica o central, sus conclusiones se trasladarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera para proceder a su discusión.

La mayoría de los grandes ayuntamientos se han quejado en diversas ocasiones al Gobierno central, a través de la FEMP, del creciente coste que tienen que soportar por la financiación de estos servicios, buena parte de ellos relacionados con la inmigración. El Gobierno se comprometió ayer a tener en cuenta esta situación en el nuevo modelo de financiación.