Corporación RTVE podrá vender su patrimonio y participar en empresas
El borrador de la Ley de la Radio y la Televisión Estatal flexibiliza el régimen económico de RTVE y le permite disponer de su patrimonio, a ejemplo de Renfe, para asegurar su viabilidad futura. Además, abre la puerta a participar en el sector de la producción audiovisual, autorizándole a convertirse en accionista de sociedades mercantiles.
La nueva Corporación RTVE tendrá 'un régimen jurídico y un funcionamiento que garantice su independencia, neutralidad y objetividad', una estructura mercantil más autónoma y flexible, y unos cometidos precisos en el desarrollo de sus funciones de servicio público. Estos son algunos de los aspectos sobresalientes del borrador de Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal.
La nueva Corporación RTVE es definida en dicho proyecto de ley como 'una sociedad mercantil estatal' dotada de especial autonomía y sujeta en lo esencial a la legislación reguladora de las sociedades anónimas. Su capital será 'íntegramente estatal'.
En la exposición de motivos, el texto afirma que 'sus bienes y derechos serán en todo caso de dominio privado o patrimoniales'. Un apunte que da flexibilidad a la futura Corporación RTVE para vender, en su caso, parte de sus activos.
De hecho, el borrador de la ley que propone el Ejecutivo define el proceso por el que se transferirá todo o parte del patrimonio del actual Ente Público RTVE, adscrito a la Administración General del Estado, a la futura Corporación RTVE, estructura de nueva creación. La disposición adicional segunda regula que 'quedan desafectados del dominio público los bienes y derechos que a la entrada en vigor de esta ley integran el patrimonio del Ente Público RTVE y de las sociedades TVE y Radio Nacional de España (RNE)'. Asimismo, el patrimonio de titularidad de la Administración General del Estado adscrito al Ente Público RTVE 'se desafecta y transfiere' al patrimonio del Ente público RTVE.
El borrador recoge que la Corporación RTVE y las sociedades prestadoras del servicio público 'sucederán al Ente Público RTVE'. No obstante, la sucesión sólo afectará 'a los bienes, contratos y en general derechos y obligaciones objeto de la cesión de activos'.
Todas estas referencias otorgan libertad de decisión a la nueva Corporación RTVE para disponer de los bienes que el Estado le asigne en el momento de su constitución. Esta atribución dará capacidad a la dirección de la Corporación para que pueda hacer uso del patrimonio asignado para garantizar su viabilidad futura como sociedad mercantil.
Ejemplo de Renfe
El esquema es similar al que se dio en su día a la compañía ferroviaria estatal. Renfe es titular de uno de los más extensos patrimonios públicos, cuya gestión le ha permitido mejorar su solvencia económica.
En cuanto a la estructura de la nueva RTVE, el artículo séptimo afirma que la Corporación 'podrá constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con actividades y funciones de aquella, incluidas las de servicio público'.
Así, se otorga a la nueva televisión pública la máxima libertad para participar en iniciativas empresariales, incluidas las relacionadas con el desarrollo del negocio audiovisual. Por esta vía, se le abrirá a la televisión pública la puerta para buscar fórmulas que le permitan seguir utilizando a las productoras privadas como proveedoras de contenidos, a la vez que se satisface la aspiración de los sindicatos de preservar para los trabajadores de RTVE la máxima carga de trabajo.
El borrador especifica que 'la pérdida de la participación mayoritaria, directa o indirecta, de la Corporación RTVE en el capital social de dichas sociedades requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros'.
La Corporación RTVE, que será matriz de las sociedades mercantiles TVE y RNE, incluirá en su objeto social, además de las actividades necesarias para la función del servicio público, 'cualesquiera otras relacionadas con la radiodifusión, y entre ellas, las de formación en investigación audiovisual'. Tanto TVE como RNE incluirán en sus objetos sociales 'las tareas de comercialización publicitaria y de sus productos o servicios'.
La edición de informativos no se podrá subcontratar
El borrador de la ley de la radio y la televisión públicas cierra la puerta expresamente a la posibilidad de que RTVE subcontrate con productoras externas la edición de los informativos. El texto recoge que la Corporación RTVE y sus sociedades 'no podrán ceder a terceros la producción y edición de programas informativos'. Por tanto, estos servicios 'se realizarán siempre mediante la modalidad de la producción propia'.El texto, eso sí, permite a RTVE que suscriba convenios 'u otros acuerdos' con las Administraciones públicas, sus organismos, así como 'otras entidades nacionales o internacionales', con el fin de lograr una mejor consecución de la función de servicio público.Principios de producciónEl proyecto de ley, con el fin preservar la misión de servicio público estatal de la radio y la televisión, establece los principios que deben regir la 'producción y programación de sus contenidos'. Estos principios comprenden la garantía del 'derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos', señala la propuesta.Precisamente la futura obligación de realizar los informativos mediante producción propia ha sido uno de los argumentos utilizados por los sindicatos de RTVE en las últimas semanas en sus críticas contra la contratación externa del programa España Directo de la cadena pública, encargado a la productora Mediapro. La polémica entre la dirección de RTVE y los representantes de trabajadores ha versado en la consideración de ese programa como informativo o no, sin que, de momento, se haya llegado a un acuerdo.El texto prevé también la creación de fundaciones para 'coadyuvar' a las actividades relacionadas con la corporación.
Desviación de cifras
Los 10 miembros del consejo de administración de RTVE tendrán dedicación exclusiva y se les impondrá un duro régimen de control presupuestario. La ley impone su cese en caso de que el resultado anual no sea cumplido con una desviación superior al 10%.