Opacidad en algunas de las 48 operaciones examinadas

El Tribunal de Cuentas detecta numerosas irregularidades en los 48 procesos de privatización gestionados por la SEPI entre 1996 y 2002, etapa en la que gobernó el Partido Popular. Se detiene de forma particular en la adquisición de títulos de sociedades financieras públicas, como fue el caso de Musini, para concluir que 'en virtud de estas operaciones, de cuyos contratos de compraventa no se deduce el interés público perseguido por la SEPI, se otorgó una financiación transitoria de 7.878 millones de pesetas a empresas de capital enteramente privado, actuación que no resulta acorde con las normas que regulan la actividad de la Sociedad Estatal'.

En la auditoría entregada al Congreso, el Tribunal detecta que se vendieron empresas como la propia Red Eléctrica, Iberia, Aceralia o Productos Tubulares, por precios inferiores a los establecidos en las valoraciones independientes. De hecho, el importe fijado en los contratos de compraventa de empresas como Almagrera, Grupo Potasas, Barreras, Inima, Enatcar, Initec, Coosur/Olcesa y Conversión Aluminio fue objeto de ajustes que minoraron el precio señalado en los contratos.

En otros casos, revela el Tribunal, las empresas enajenadas contaron con evaluaciones externas cuyos responsables asesoraron también en las operaciones de privatización, 'circunstancia que pudo influir en la objetividad de la valoración'.

En la privatización de Initec, la SEPI realizó 'determinados pagos cuya fundamentación no aparece suficientemente justificada'.

El Tribunal critica que no se haya realizado 'seguimiento alguno' de las obligaciones asumidas por la SEPI en los procesos de privatización.

Recomendación

A la vista de la opacidad que el Tribunal detecta en el proceso de privatizaciones acometido en la etapa del PP, recomienda que la financiación de empresas sujetas a reestructuración se realice con cargo a los Presupuestos y, por tanto, con control parlamentario.