La plantilla de Telefónica podrá denunciar irregularidades a través de un canal anónimo
Telefónica acaba de poner en marcha un sistema de información anónima y confidencial a través del cual los empleados del grupo podrán canalizar cualquier denuncia relacionada con irregularidades financieras o contables.
La medida se enmarca dentro de la política de buen gobierno de la compañía y, en concreto, responde a las exigencias marcadas por la ley Sarbanes-Oxley, que deben aplicar todas las empresas que, como Telefónica, cotizan en mercados estadounidenses.
Esta norma, también conocida como Sarbox, contempla entre otras muchas exigencias, la puesta a disposición de los empleados de las empresas cotizadas un canal a través del cual éstos puedan denunciar, de manera confidencial, supuestas irregularidades que hayan detectado en relación con materias financieras o contables.
La experiencia de los escándalos financieros muestra que en la mayor parte de las ocasiones los trabajadores juegan un papel especialmente importante a la hora de detectar y denunciar irregularidades cometidas en el seno de las empresas.
Los casos de Enron o Worldcom y más tarde de Swatch, denunciada por tres empleados por realizar prácticas contables fraudulentas en EE UU a pesar de no cotizar en sus mercados, son sólo algunos de estos ejemplos.
Por eso, la compañía que preside César Alierta acaba de estrenar esta nueva herramienta de transparencia. El canal confidencial para empleados estará supervisado por la Comisión de Auditoría y Control que preside el consejero Antonio Massanell Lavilla.
Sin represalias
Los empleados de la compañía podrán así hacer uso de los mecanismos previstos por la ley Sarbanes-Oxley que permiten a éstos destapar irregularidades sin temor a sufrir ningún tipo de represalias. El canal para realizar cualquier tipo de denuncia se encuentra en la intranet del grupo, dentro del portal de auditoría (e-Audit) y, según fuentes de Telefónica, está diseñado de forma que garantice, 'tal como exige la Ley Sarbanes-Oxley, la tramitación anónima y confidencial de todas las informaciones'.
La Sarbanes-Oxley se promulgó en 2002 para las compañías que cotizan en las bolsas de Estados Unidos con el fin de incrementar la confianza pública en la información financiera y fortalecer los mercados de capitales.
Las consecuencias para las empresas y los administradores de éstas que no cumplan con la norma de buen gobierno oscilan entre importantes multas, hasta la posibilidad que director general o el director financiero sean condenados a penas de cárcel.