El PSOE ve en el Servicio Tributario valenciano un modelo a imitar
Ayer entró en el Congreso el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana, en el que se crea un Servicio Tributario propio con plena autonomía para gestionar los impuestos cedidos. A este organismo se le podrá encomendar la supervisión de los tributos de titularidad estatal, en concierto con Hacienda.
En el Gobierno no se oculta que este modelo debe servir como referencia al resto de las reformas estatutarias, sobre todo porque no vulnera la existencia de una única Agencia Tributaria estatal y permite dotar de mayor autonomía a las comunidades a la hora de gestionar la mayor parte de los impuestos.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ven con simpatía la creación de servicios tributarios concertados con la Agencia estatal. Ocurre otro tanto con el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien ayer mismo señaló la reforma estatutaria valenciana como modelo a seguir por el resto de las comunidades.
El nuevo Estatuto valenciano prevé dejar en manos de este Servicio Tributario la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos ya cedidos a la Generalitat. Entre ellos figuran el tramo del 33% del Impuesto sobre la Renta, el de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones, el 35% del IVA, así como los impuestos especiales sobre cerveza, vino, hidrocarburos, tabaco y electricidad. La gestión de otros impuestos, como el de Sociedades, se podrá realizar por la Generalitat en colaboración con Hacienda.
La presentación del Estatuto en el Congreso corrió ayer a cargo del portavoz del PP en las Cortes valencianas, Serafín Castellano, y del portavoz socialista, Joan Ignasi Pla. Los dos aludieron de forma implícita a las diferencias de su modelo con el que defiende la Generalitat de Cataluña.
La aspiración catalana
El Gobierno tripartido que preside Pasqual Maragall aspira a tener una agencia tributaria propia con capacidad normativa plena sobre todos los impuestos, que sería la encargada de su recaudación para ceder posteriormente al Estado un porcentaje en ningún caso superior al 50%.
El Estatuto valenciano ha marcado también otras vías de referencia para el resto de las reformas. Entre otras iniciativas, deja al Tribunal Superior de Justicia como última instancia judicial y otorga al Gobierno autonómico la capacidad para disolver las Cortes regionales de forma anticipada.
El PP y el PSOE valencianos se felicitaron ayer por haber alcanzado las mismas cotas de autogobierno que las nacionalidades históricas.
Aprobación definitiva hacia el mes de abril
De no producirse sorpresas, el estatuto valenciano comenzará a debatirse en el Congreso en octubre y terminará siendo aprobado de forma definitiva hacia el mes de abril. El alto grado de acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE hace que las posibles dilaciones sólo puedan proceder de las enmiendas que intenten incorporar los partidos minoritarios, de forma particular Esquerra Republicana e Izquierda Unida.Antes de fin de año, también se espera la llegada al Congreso de los Estatutos de Cataluña, Andalucía y Aragón. El primero se encuentra ahora en proceso de segunda lectura y aún no se han despejado las principales incógnitas de las que depende que salga o no adelante: se desconoce si el tripartito catalán aceptará limar todos los indicios de inconstitucionalidad detectados desde el Gobierno central y tampoco se sabe con certeza si CiU impondrá su veto a la reforma alegando supuesta falta de ambición política.Otro Estatuto que puede complicarle la vida a Zapatero es el que provenga de Baleares, si se tiene en cuenta que el presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas, se ha propuesto tomar como referencia el modelo catalán. Menos problemático se presenta el Estatuto andaluz, cuya reforma pilota el presidente de la Junta, Manuel Chaves, con un alto grado de acuerdo con el PP.El próximo acceso de Emilio Pérez Touriño a la Xunta de Galicia ha dado tranquilidad al Gobierno central en lo que afecta al futuro del Estatuto gallego, ya que el candidato sintoniza con éste en los aspectos que pueden resultar más polémicos. La previsible coalición con el Bloque Nacionalista no generará problemas en la reforma, al menos en opinión de uno de los ministros que están al tanto de las negociaciones.