"La dependencia la gestionarían las regiones"

Amparo Valcarce, leonesa, de 49 años, llegó a la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, el pasado año de la mano de su paisano y amigo José Luis Rodríguez Zapatero. Es licenciada en Geografía e Historia, catedrática e Inspectora de Educación. En la arena política no es novata, ha trabajado en ámbito local durante cinco años y llegó al Congreso como diputada por León en 1996. Ahora, tiene un importante encargo de Zapatero: sacar adelante la Ley de Dependencia, que implantará un sistema nacional de atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas, hoy, más de dos millones.

Pregunta ¿En qué estado están las negociaciones de la Ley de Dependencia?

'El fondo de reserva de la Seguridad Social no se va a tocar absolutamente para nada'

Respuesta Muy avanzadas. Queremos presentar el proyecto de ley a finales de año y que se tramite el próximo año en el Parlamento.

P ¿Qué colectivos podrán beneficiarse de ayudas a la dependencia y cómo se van a determinar los beneficiarios?

R æpermil;sta será una ley de dependencia, no de discapacidad ni una ley de mayores. Son dependientes quienes pierden su autonomía para la vida diaria. Ahora bien, la dependencia tiene especificidades, colectivos con determinadas discapacidades, que sí se recogerán en los baremos que determinen el grado de dependencia.

P ¿Qué criterios se seguirán para determinar el grado de dependencia?

R Estamos negociando con comunidades autonómas y con asociaciones de discapacitados los baremos que se emplearán. En cualquier caso, habrá tres grados de dependencia y dentro de cada grado, dos niveles. Además, es seguro que el baremo será único para toda España. Se aplicará igual en todas las comunidades y será el que determinará quien es dependiente y quien no y, por tanto, quien tendrá derecho a las prestaciones.

P ¿Serán prestaciones económicas o de servicios?

R Será una ley marco que dejará elegir a cada comunidad qué tipo de prestación quiere dar. Habrá tres opciones: red de servicios; prestación económica vinculada, que significa comprar el servicio, y apoyo informal, que supone ser atendido en el entorno familiar. Las comunidades también gestionarán en exclusiva estas prestaciones y podrán escoger entre gestión pública, privada o concertada. La dependencia, por tanto, la gestionarán las regiones.

P Todo esto va a costar más de 8.000 millones de euros en esta legislatura y la siguiente, según el Ministerio de Trabajo ¿cómo se va a financiar?

R En este momento lo estamos negociando. Esperamos un gran acuerdo en el que el Estado participará con una financiación muy amplia. Pero hemos apostado por una financiación mixta donde las comunidades, los ayuntamientos y la Administración Central aportarán los recursos necesarios.

P Pero los beneficiarios también van a tener que pagar...

R Sí, el sistema nace con la corresponsabilidad de los beneficiarios, habrá una cofinanciación de los servicios por parte de quien reciba la prestación. Habrá un copago de la prestación en función de su situación socioeconómica, para ello se tendrán en cuenta todas las rentas de la persona dependiente, incluido el patrimonio inmobiliario y financiero.

P ¿Y las rentas de la familia?

R No, sólo las de la persona dependiente con el conjunto de sus ingresos. Las comunidades controlarán la veracidad de los datos. El beneficiario pagará según sus rentas y no las de su familia.

P ¿La aportación estatal se financiará con excedentes de cotizaciones y más tarde con impuestos?

R Estamos valorando esta cuestión. Pero, en cualquier caso, el Gobierno ha dicho muy claramente que el SND no comportará ni más impuestos ni un incremento en las cotizaciones.

P ¿Se acudirá al Fondo de Reserva de las pensiones?

R Rotundamente, no. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social no se va a tocar absolutamente para nada.

'Los ayuntamientos cederán suelo para construir residencias'

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales destaca el papel esencial que tendrá el sector privado en el SND. Confirma el impulso fiscal para los seguros y destaca la reorganización que supondrá para el sector residencial en todo el Estado.

 

El sector reclama que se apliquen a los seguros de dependencia las ventajas fiscales de los planes de pensiones. ¿Qué va a hacer el Gobierno?

 

Es voluntad del Gobierno impulsar los seguros para que las personas y las familias puedan prevenir la dependencia y que la suscripción de estos seguros vaya unida a ventajas fiscales. Hasta 2007 no se va a modificar la legislación y hasta entonces no podemos avanzar. Pero el sistema tiene la voluntad de no dejar a nadie fuera, tampoco a aquellas personas que por su nivel económico no necesitan recurrir al sistema nacional.

 

¿Qué opinión le merece la denominada hipoteca inversa, que permite hipotecar la casa para financiar la atención?

 

Nos parece muy bien este instrumento financiero, pero no necesita mayor protección. Ofrecerá mayores recursos para la cofinanciación. Estos productos están en la línea de lo que queremos en el proyecto.

 

¿Se podrán vincular pólizas de vida para dar cobertura a la dependencia?

 

Sí, nada lo impide. Es la parcela en la que falta mayor desarrollo y es la que en los últimos años está teniendo un crecimiento sostenido en los países de Europa. No es un crecimiento espectacular, pero sí constante y paralelo a la toma de conciencia sobre la dependencia.

 

¿La Dirección General de Seguros controlará los productos que se desarrollen?

 

Lógicamente, sí. Además, es muy importante dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y que ésas necesidades se complementen con las respuestas que da el sector privado asegurador.

 

Una de las cuestiones esenciales para los productos es la definición de la base estadística...

 

La patronal de las aseguradoras, Unespa, ya ha hecho estudios sobre la capacidad de ahorro y la cultura del aseguramiento, que creo que es la clave. Hay poca cultura del aseguramiento aunque cada vez hay más conciencia del riesgo del envejecimiento y la dependencia.

 

¿Qué papel jugarán los ayuntamientos en el sistema?

 

Estamos hablando con ellos. Hay dos competencias de los municipios que nos afectan: la de la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Para ello reciben financiación del Estado y de las CC AA. Y queremos incorporar otra cuestión, que es la referida a la provisión de suelo para el desarrollo de la red residencial o de centros de día.

 

¿Se trata de que cedan suelo para la construcción de estos centros?

 

Sí, de residencias y centros de día. Esto está bastante avanzado, al menos en la filosofía, aunque hay que precisarlo mucho.Sin embargo, las residencias han crecido de forma descontrolada, según el sector.Es verdad. Una de las cosas que las comunidades saludan es que se va a ordenar el sector. Servirá como marco claro de referencia y mapa de recursos. Si la red es necesaria, el acceso a la financiación pública estará garantizado, de la otra manera el crecimiento era absolutamente caótico. Pero sería muy absurdo que teniendo recursos privados no los concertemos.

 

¿Hay ya partida presupuestaria para dependencia en 2006?

 

Sí, algo similar a este año (50 millones). La financiación incluida en la ley se dotará desde 2007.