Buen gobierno e independencia
Las dificultades para un buen gobierno corporativo van más allá de la posible falta de coherencia entre los intereses de los directivos y el de los propietarios (los accionistas). Si esto fuera el único problema se podría resolver mediante el establecimiento de un sistema retributivo de los directivos que acerque ambos intereses. El problema es más complejo porque se da en un contexto de información fuertemente asimétrica y en el que hay un marcado absentismo de los accionistas que, excepto los que representan grupos de control, no tienen ni el interés ni los cauces para revelar sus preferencias.
Los accionistas tienen una información limitada y no siempre veraz sobre la marcha y perspectivas de la empresa. Por otra parte sólo revelan su juicio sobre las sociedades vendiendo o acumulando acciones de las mismas (tienen una alta volatilidad como propietarios). La aparición de inversores institucionales ha cambiado algo las cosas, pero tampoco todos tienen interés en ejercer como copropietarios de las empresas y siguen, además, sin contar con los cauces adecuados.
La presencia de consejeros independientes en el consejo de administración de las sociedades debería contribuir a reducir las deficiencias de información y a que los intereses de los propietarios (volátiles, y por tanto anónimos, o permanentes) estén adecuadamente representados.
Es fundamental que los consejeros, ya sean ejecutivos o independientes, tengan una amenaza creíble de remoción
Las funciones de los independientes dependen en buena medida de cuáles sean los objetivos del consejo. Posiblemente no es razonable adjudicar al consejo la responsabilidad de definir la estrategia de la empresa. Esto debería dejarse a los directivos que tienen el conocimiento adecuado de la realidad de la empresa y de su entorno. El consejo debería: a) garantizar la veracidad y precisión de la información puesta a disposición de los accionistas; b) asegurar el cumplimiento por parte de la empresa de las normas y regulaciones; c) asegurar un desarrollo sano de la estructura de gestión y una adecuada sucesión de los ejecutivos. El único posible objetivo en la dimensión estratégica sería evitar la toma de decisiones excesivamente arriesgadas.
Para que el consejo garantice la veracidad y precisión de la información puesta a disposición de los accionistas, parece necesario fortalecer el comité de auditoría con un peso elevado de los consejeros independientes en ese comité. Este comité debería tener la capacidad de obligar a los auditores externos a que se pronuncien con precisión sobre la calidad de las prácticas contables (no solamente si estas prácticas son permisibles) y a que la valoración que hagan de la representación contable de la realidad de la empresa resulte clara y comprensible.
Es fundamental que los consejeros, ya sean ejecutivos o independientes, tengan una amenaza creíble de remoción. Si se sienten en control de la información, del consejo de administración y, a través de la delegación de voto al consejo, de la junta general, no sentirán que esa amenaza exista realmente. Difícil justificación tiene el blindaje de los consejeros, que no hace sino alejar aún más la amenaza de remoción. Tampoco las cláusulas contra las opas (poison pills), que favorecen a consejeros y ejecutivos y limitan la capacidad de los accionistas para aceptar ofertas que pueden beneficiarles.
Las resistencias de los ejecutivos a que estén representados en los consejos inversores institucionales con paquetes de acciones importantes, aduciendo que son lobbies que entorpecen las decisiones estratégicas, carecen de legitimidad. En sentido contrario, tendría interés favorecer la sindicación de acciones para que los pequeños accionistas puedan recabar informes técnicos que les ayuden a valorar la información presentada, y para lograr una mejor representación de los accionistas en las juntas generales.
El consejero independiente tiene que tener una cualificación suficiente para el ejercicio de sus funciones de supervisión. Su retribución debe encontrar un equilibrio: ser suficiente para inducir a profesionales competentes a aceptar esas funciones y no ser excesiva para que su independencia no se vea afectada.
Por último, los arreglos institucionales para un buen gobierno corporativo no funcionarán si otras instituciones son deficientes. Si los reguladores son excesivamente activistas, si no se les puede exigir responsabilidad por esas acciones, si la Justicia es lenta e ineficiente, si el Gobierno tiene la costumbre de presionar sobre la composición de los consejos, etcétera, todas las normas sobre el buen gobierno serán irrelevantes (si no contraproducentes).