17 jueces contra la violencia de género
Más de 430 juzgados de violencia contra la mujer, 17 de ellos en exclusividad, comenzaron a trabajar ayer en España con la potestad de actuar en todas las causas que afectan a una víctima de maltrato. En simultáneo, han entrado en vigor nuevas medidas penales que castigarán con mayor dureza las agresiones contra la mujer.
Los juzgados, presentes en cada partido judicial español, suponen una de las principales novedades de la Ley contra la Violencia de Género, que entró en vigor el 28 de enero. Y serán exclusivos o compatibilizarán su especialización en la materia con otras competencias que ya venían ejerciendo.
Según un estudio conjunto de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, el 94% de las víctimas de maltrato son mujeres. El año pasado hubo 91 casos de muerte por violencia doméstica y de género; y se incrementó en casi un 30% la media de denuncias por violencia familiar con respecto a 2003.
Con esta nueva medida, el Gobierno no sólo pretende lograr la proximidad con la víctima, sino también agilizar el proceso judicial y conseguir una respuesta penal eficaz para evitar que las amenazas y coacciones continuadas terminen convirtiéndose en asesinatos. En los partidos judiciales que no tienen un juzgado exclusivo para la violencia de género, son los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción los que se encargarán de estos asuntos.
Asimismo, se han designado 50 fiscales delegados para la violencia de género -que actuarán bajo la supervisión de un fiscal contra la violencia sobre la mujer, con categoría de Fiscal de Sala- que se ocuparán de intervenir en los procesos penales generados en aplicación de la ley. Además, se amplió a las Comunidades Autónomas el acceso directo a la información contenida en el Registro de Violencia de Género, con lo que éstas podrán prestar mejores servicios asistenciales a las víctimas.
El Congreso aprueba la reforma del divorcio
Finalmente, el pleno del Congreso aprobó ayer la reforma de la ley del divorcio, un proyecto que busca agilizar los trámites de las rupturas matrimoniales, suprimiendo la necesidad de alegar causas y eliminando la separación previa como requisito al solicitar la iniciación del divorcio.A pesar de haber sido aprobada, la reforma ha vuelto del Senado sin haber cerrado la polémica sobre la custodia compartida de los hijos: senadores del PP y numerosas organizaciones de mujeres están en contra de que un juez pueda otorgar ese tipo de custodia sin el mutuo acuerdo de los padres.Salvo el PP, todos los grupos suscribieron una enmienda socialista con los requisitos que deberá cumplir el juez antes de conceder de forma excepcional la custodia compartida sin acuerdo, como estudiar la ubicación de los domicilios de los dos progenitores.Con la norma aprobada, se podrá solicitar judicialmente la ruptura pasados tres meses desde la celebración del matrimonio, un plazo que no se tendrá que respetar si hay malos tratos.