'España no se romperá por ceder más IRPF'
No es de recibo que haya comunidades autónomas que bajen los impuestos y luego recurran al Estado para sanear sus déficit', argumentó ayer Jordi Sevilla, en un llamamiento implícito a los gobiernos regionales a que utilicen la capacidad normativa de que disponen sobre los impuestos cedidos. El ministro mantuvo que la reforma del modelo de financiación respetará tres principios constitucionales claves: la suficiencia, la autonomía financiera, y la solidaridad. Y añadió que si alguna reforma estatutaria pretendiera incumplir estos principios, algo que no cree, 'el Gobierno de España y las Cortes Generales la frenarán'.
A juicio de Jordi Sevilla, lo de menos serán los ajustes técnicos del modelo, es decir cuanto porcentaje se cede de cada impuesto, partiendo de la premisa de que estos ajustes se harán 'con criterios elásticos'. 'No se romperá España', comentó con ironía, 'por una mayor cesión del IRPF a las comunidades', a pesar de que el Partido Popular sí dio esta sensación en anteriores legislaturas cuando no era partido de Gobierno y no necesitaba a los nacionalistas para formar un Gabinete estable. 'Se cedió el 33% del Impuesto y no pasó nada', recordó el ministro al ser preguntado si consideraba posible elevar este porcentaje hasta el 50%. El ministro censuró implícitamente a aquellas comunidades que se limitan a centrar sus preocupaciones 'en cuánto recaudo y cuánto me quedo'.
Jordi Sevilla subrayó también el derecho del Gobierno central, no sólo de los autonómicos, a disponer de autonomía y de suficientes recursos para acometer sus políticas. Desde este prisma, calificó de algo 'instrumental' el porcentaje final de un impuesto que pueda ser cedido a los distintos territorios.
El Ejecutivo estudia convocar la Conferencia de Presidentes en julio
Transferencias pendientes
La sensación que dan algunos gobiernos autonómicos sobre el bajo nivel de cumplimiento del Gobierno central para con sus estatutos no obedece a la realidad. Sevilla enfatizó que desde que lleva de responsable de Administraciones Públicas ha trasladado 17 transferencias a siete comunidades y que, en estos momentos, puede considerarse que el proceso se encuentra prácticamente terminado.
'No se puede comparar la transferencia de las competencias sobre profesores de religión en las cárceles con la transferencia, por ejemplo, de la sanidad', alegó el ministro. De ahí que desde el punto de vista cuantitativo puedan quedar por transferir un número elevado de competencias, pero no desde el punto de vista cualitativo. 'En realidad, no quedan grandes transferencias pendientes', reconoció Sevilla.
Una de las que más centra ahora la atención de su Ministerio es la de los medios materiales y humanos de la Justicia. Hay media docena de comunidades que aun no disponen de competencias al respecto, pero rechazan obtenerlas si no van acompañadas de la correspondiente cobertura financiera. De ahí que se esté procediendo a una negociación bilateral sobre el coste de estos servicios.
El ministro opinó que se ha llegado a un estado tal de descentralización que ve llegado el momento de colocar el acento en la cooperación entre las distintas administraciones más que en la reivindicación de nuevas competencias. De ahí nace la idea, por ejemplo, de la creación de agencias concertadas entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.
Reparto de funcionarios
La distribución de personal de la Administración General del Estado por tipo de servicio da una idea de la importancia que tiene esta colaboración. Más de 358.000 funcionarios trabajan en servicios periféricos, mientras que 173.000 lo hacen en servicios centrales y casi 8.800 en el servicio exterior.
Otro importante mecanismo a través del cual se encauzará la cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas será la Conferencia de Presidentes.
Su celebración estaba prevista para finales de este mes de junio, pero Sevilla advirtió de que la convocatoria de las elecciones gallegas para el próximo domingo hizo aconsejable aplazarla. Ahora, el Gobierno prevé convocarla a mediados de julio, pero aún no hay una decisión definitiva al respecto. Se está dudando dónde se convoca, si en Madrid o en Barcelona, aunque esta última posibilidad es menor.
Eficiencia: El Gobierno aprobará este mes la ley para crear agencias públicas de calidad
El ministro Jordi Sevilla anunció ayer la próxima aprobación de la ley para la puesta en funcionamiento de las agencias públicas de calidad. 'Esta semana enviaré el texto a la Comisión de Subsecretarios con el ánimo de que, a lo largo de este mes, la norma se apruebe en Consejo de Ministros y sea remitida al Congreso', dijo ayer en el Foro Cinco Días.La Ley de Agencias Públicas pretende ser un elemento esencial en la gestión de los servicios de la administración, dotándoles de mayor eficiencia. Entre sus fines plantea una medición del cumplimiento de cada uno de los objetivos asignados a los diferentes ministerios, que se hará, no sólo cuantitativamente (como ocurre ahora con los Presupuestos) sino también cualitativamente, mediante criterios fijados de antemano.Capacidad de decisiónEl Gobierno desea que estas agencias administrativas estén dotadas de capacidad de decisión sobre los recursos asignados, y de nivel de autonomía suficiente para que se les pueda exigir una responsabilidad sobre el cumplimiento de los citados objetivos. La creación de estas agencias, a las que podrían incorporarse las comunidades autónomas, tendría además, la ventaja de permitir la prestación de servicios multiadministración.'Debemos dar a los ciudadanos los servicios que desean, con independencia de quien los proporcione, el Estado central, las comunidades o los municipios. Se trata de abrir espacios de colaboración entre las administraciones, superando la dinámica de la confrontación', comentó ayer Sevilla.