Inspección

La OCDE evaluará la corrupción en España

En octubre realizará una inspección en la que se entrevistará con órganos públicos, empresas y ONG

Desde 2003, los 30 países de la OCDE y otros seis países no miembros, entre los que están Brasil, Chile y Argentina, han introducido en su legislación un nuevo delito que pena el cohecho a funcionarios extranjeros en las transacciones internacionales. Esta medida fue en un primer momento una Convención propuesta por la OCDE, que fue ratificada en 1999, con la que se pretende acabar con las prácticas de sobornos a agentes públicos en todo el mundo.

'Hoy ya está en el artículo 445 del Código Penal español, que castiga el pago de sobornos a funcionarios franceses, chinos o o argentinos. Es un delito penal que se castiga en España como si se estuviese pagando a un funcionario español con sanciones aplicadas en España', explica David Gaukrodger, administrador principal de la División de la Lucha Contra la Corrupción de la OCDE, que visitó la semana pasada Madrid, invitado por la Escuela de Negocios San Pablo-CEU.

El trabajo que centra ahora a este grupo de expertos de la OCDE es velar por la aplicación de la nueva norma. Ya ha realizado una primera fase en la que se realizaron una serie de recomendaciones legales país por país, pero ahora se encuentran en un momento de evaluación más completa por la que ya han pasado 15 países, entre ellos el Reino Unido.

En octubre, el grupo de inspectores de la OCDE realizará una visita a España con este propósito, y el informe resultante se debatirá en París en marzo de 2006, para su posterior publicación.

'Se analizan la puesta en marcha de las leyes y cómo están sucediendo las cosas sobre el terreno', explica Gaukrodger. 'Los evaluadores vienen a entrevistarse con miembros de los ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y Asuntos Exteriores, pero también con las empresas, los contables, abogados, ONG y los medios de comunicación'.

La experiencia previa dice que los países han evolucionado y reaccionan ante las recomendaciones, por lo que Gaukrodger considera que estos análisis son de gran ayuda a la hora de aplicar la nueva ley.

Su principal objetivos es acabar con unas prácticas que se han considerado normales por muchas empresas, sobre todo en ciertos países donde los pagos a funcionarios parecían un condición inevitable si se deseaba hacer negocios. La nueva norma, que incluye penas de cárcel y hace responsable tanto a los individuos como a las empresas, no deja lugar a las dudas y considera que el cohecho es un delito, se produzca donde se produzca.

'Esta ley también es una herramienta para que las empresas tengan argumentos cuando son los agentes públicos quienes están exigiendo estos pagos', explica Gaukrodger, que es consciente de que muchas veces estos sobornos vienen impuestos por los propios agentes públicos.

'El pagar porque otras empresas lo hacen también ha dejado de ser una defensa', subraya Gaukrodger, para quien es muy importante el hecho de que la ley se haya aplicado en todos los países al mismo tiempo.

A pesar de todo, aún hoy hay muy pocos casos que hayan terminado en condena pero, según Gaukrodger, hay varias investigaciones en marcha.

La importancia del compromiso ético

La lucha contra la corrupción de la OCDE no sería tan efectiva si los cambios jurídicos no fuesen acompañados de los compromisos éticos que están tomando las empresas. Al menos así lo reconoce David Gaukrodger, cuyo grupo de trabajo pertenece a la Dirección de Asuntos Financieros y de Empresas.

'Las leyes son importantes para saber que las cosas han cambiado, y saber que es un delito muy serio, pero también lo son la formación, la aplicación de nuevos valores y los compromisos éticos', opina.

Por lo que la aplicación de las normas de transparencia y el hecho de que haya un debate en torno a la responsabilidad social corporativa o la aceptación de códigos de conducta como el Pacto Mundial de la ONU suponen un avance muy importante, sobre todo para el trabajo de cambiar hábitos o culturas que antes estaban socialmente aceptadas.

De hecho, uno de los trabajos que quedan por hacer a ojos de la OCDE para avanzar en la lucha contra la corrupción es el de cambiar los comportamientos. 'La Convención está dirigida a los Estados, pero indirectamente está implicando a las empresas, pues se pide a los poderes públicos que hagan esfuerzos para la sensibilización sobre el nuevo delito, para que les formen y ayuden a combatirlo', dice Gaukrodger.