De las agencias tributarias y otros sofismas
El proyecto de Estatuto valenciano, que parece ir en cabeza en la senda de las reformas estatutarias, propone la creación de un Servicio Tributario Valenciano cuya misión consistiría en gestionar sus propios impuestos y los cedidos, e incluso los compartidos -como IRPF o IVA-, cuando haya un acuerdo multilateral sobre la financiación autonómica 'y se modifique la legislación estatal'. La propuesta rebaja levemente las pretensiones del Tripartito catalán, cuyo modelo de agencia se encargaría de recaudar, inspeccionar y liquidar todos los impuestos.
La polvareda que tal idea ha creado se ha pretendido difuminar por sus autores en una nube de apelaciones a ejemplos de otros Estados federales y, sobre todo, a la ocultación de su verdadera pretensión, la implantación de un sistema tributario confederal que supondría la práctica desaparición del Estado central al generalizar el actual sistema de concierto que privilegia al País Vasco y a Navarra respecto a las restantes regiones. En un lúcido artículo publicado en El País del 11 de marzo, José V. Sevilla desmenuzaba las consecuencias de las 'propuestas financieras del Gobierno catalán' e indica que, en un sistema de tributos compartidos como el español, se requiere una Administración tributaria compartida.
Tan evidente es esa afirmación que en países tan federales como EE UU no pocos de sus Estados encargan la gestión de sus impuestos a la Administración tributaria federal (el IRS), pues sólo en un sistema con tributos independientes en cada nivel de gobierno -que no es el caso de la España de las autonomías, en que predomina el tributo compartido- se justifica la existencia de agencias separadas. Cierto que los propagandistas catalanes han insistido mucho en el ejemplo alemán, caracterizado porque cada land tiene la administración de los impuestos y dispone, por ende, de su propia agencia. Lo que se omite es que desde la creación, en 1971, de la Oficina Federal de Finanzas, ésta se ha ido afianzando como centro coordinador de la administración de los tributos atribuidos a los länder. El modelo Lofca inducía a la existencia en España de Administraciones tributarias independientes, pero a partir de la cesión a las autonomías de un porcentaje del IRPF empezó a dibujarse un sistema de tributos compartidos cuya traducción práctica ha sido el mantenimiento de la gestión de dicho impuesto en la Hacienda central y la aceptación de la presencia de las autonomías en la Agencia Tributaria. Es claro, en mi opinión, que si sigue por el camino de ampliar los impuestos compartidos, que pasarían a ser pilares fundamentales en la financiación de las autonomías, estas tendrán todo el derecho a reclamar un papel activo en la gestión de esos tributos. Pero esa reclamación debería huir de la pretensión catalana -motivada, repito, por propósitos políticos que no técnicos- pues de admitirse supondría la fragmentación de la agencia estatal central en 17 agencias regionales, caminando de esa forma a contracorriente de las tendencias actuales.
Hoy existen varios modelos que reflejan las relaciones entre las Administraciones tributarias de los diferentes niveles de gobierno: están las únicas, al estilo de Gran Bretaña y en buena medida Canadá y Australia; el modelo confederal muy atenuado en la práctica que caracteriza a Alemania o el de Administraciones separadas pero con predominio de la federal (EE UU). No obstante, el estudio detenido y no partidista de esos modelos revela una tendencia a acercar las Administraciones tributarias y a rehuir las interferencias y duplicaciones que origina la existencia de varias Administraciones que gestionan impuestos similares.
Se entiende así mejor la propuesta de José V. Sevilla en pro de la creación de una Administración tributaria única y profesional en cuyo consejo rector tengan cabida no sólo los representantes políticos de los Gobiernos cuyos impuestos se gestionan sino también expertos independientes. Esa Administración única sería independiente de cualquier tipo de Gobierno -central y autonómicos- y a su cargo estaría la gestión no sólo de todos los impuestos compartidos sino también de otros mediante los oportunos acuerdos. Sería muy deseable que, amortiguadas las polémicas estériles, el Gobierno central y los autonómicos fuesen capaces de alcanzar a un acuerdo sensato en este terreno, que debería quedar fuera de las reivindicaciones interesadas y de las argumentaciones falaces.