Comisión Europea

Bruselas exigirá por vía ejecutiva la recuperación de ayudas de Estado ilegales

La Comisión Europea anunció ayer su intención de recurrir con mucha más frecuencia y celeridad al Tribunal de Justicia de la UE y a los tribunales nacionales para exigir la recuperación de ayudas de estado declaradas ilegales. Bruselas quiere agilizar los procesos de devolución, cuya lentitud actual ofrece un refugio de impunidad a las administraciones públicas que quieren ayudar ilegalmente a ciertas empresas en dificultades.

La medida forma parte del proyecto de reforma del control de las ayudas de Estado que ayer presentó la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes. La adaptación del marco legislativo a una Unión de 25 socios con enormes disparidades económicas entre sí persigue reducir sensiblemente los subsidios públicos (sobre todo, en los países más ricos) y concentrar los que se mantengan en sectores con potencial de crecimiento.

La reforma, que abarca un plan de actuaciones hasta 2009, intentará 'una ejecución inmediata y efectiva de las decisiones de recuperación de ayudas', según el documento aprobado por la Comisión en Estrasburgo. Bruselas advierte que a partir de ahora 'perseguirá de manera más activa' a los países que no acaten sus órdenes. La Comisión esgrime, en concreto, los artículos del Tratado que le permiten denunciar a un país ante el Tribunal de la UE e, incluso, exigir la imposición de multas diarias por incumplimiento de una orden comunitaria.

Bruselas abogará además por que las empresas que se sientan perjudicadas por las ayudas a un competidor recurran ante los tribunales nacionales.

'La efectividad y la credibilidad del control de las ayudas de estado depende de la adecuada aplicación de las decisiones que tome ala Comisión, en especial en cuanto a la recuperación de ayudas ilegales e incompatibles' con el Tratado de la UE, explica la Comisión.

Desde el año 2000, Bruselas ha dictado 91 órdenes de recuperación de ayudas públicas, pero sólo se han ejecutado 21. En total, siguen pendientes de reembolso 4.600 millones de euros de los 9.700 millones de ayudas declaradas ilegales en los últimos cuatro años. España tiene 20 órdenes comunitarias sin cumplir.