El PP rechaza la prohibición de vender viviendas protegidas en el mercado libre
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han planteado al Ministerio de Vivienda su total rechazo al hecho de que los pisos de protección oficial (VPO) deban mantener siempre dicha calificación, tal y como prevé el borrador del nuevo plan 2005-2008. El PP considera que, además de ser una injerencia en las competencias autonómicas, no resuelve el problema del fraude en este mercado.
Las regiones gobernadas por los populares han presentado un documento de alegaciones al Plan de Vivienda, cuyo plazo de presentación expira hoy jueves, en el que critican a la ministra María Antonia Trujillo por tratar de imponer su criterio a la hora de establecer qué actuaciones serán financiables con recursos del Estado y cuáles no tendrán cabida. Aunque cada Gobierno autonómico remitirá al Ministerio de Vivienda su propio escrito, existen bastantes reivindicaciones de 'carácter global'.
'Pensamos que esa exigencia de mantener durante toda la vida útil del inmueble la calificación de protegido no es garantía suficiente para acabar con el fraude', explicó ayer a este periódico el director general de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Blasco.
Por este motivo, fuentes del PP no descartan que si el Ministerio insiste en mantener esta premisa, interpongan un recurso de inconstitucionalidad.
Tampoco consideran razonable que el futuro plan obligue a las regiones a poner en marcha los registros únicos de demandantes de VPO. Este instrumento trata de poner coto a las operaciones de compraventa de casas protegidas en las que éstas alcanzan un precio muy superior al establecido por la Administración, con el consiguiente fraude que ello conlleva.
'Aunque la futura normativa obligue al vendedor de una VPO a que ésta sea adquirida por un comprador de la lista única, eso no impedirá que ambos pacten sobreprecios, no acabará con el fraude', añade Blasco.
Por contra, los responsables de Vivienda del Partido Popular creen más efectivo que las Administraciones dediquen más dinero a ejercer los derechos de tanteo y retracto, tal y como establece la actual normativa, cuando tengan conocimiento de que una VPO se quiere vender antes del plazo establecido para ello por ley y que se activen los mecanismos de inspección que existen.
'La Comunidad de Madrid destinará a ese fin este año un total de 350.000 euros y nos consta que numerosos ayuntamientos están haciendo lo mismo', explica el director general de Vivienda.
Los populares reclaman también al Ministerio que amplíe de dos a cinco años las ayudas que el plan contempla para los inquilinos con menores ingresos, 'el mismo plazo que deben tener como máximo los contratos de alquiler, según la actual Ley de Arrendamientos Urbanos', incide Pablo Matos, portavoz popular de Vivienda en el Congreso.
En el capítulo de ayudas a la rehabilitación, el PP discrepa de que sean los ayuntamientos, integrados en una comisión independiente, quienes definan las áreas de actuación integral que podrán recibir financiación estatal.
Otro de los capítulos que más desavenencias provoca es la prohibición explícita de financiar con recursos del Estado la construcción de viviendas en alquiler con opción a compra.
Madrid y Valencia, que ya promueven esta clase de pisos, han mostrado su descontento con esta medida e instan al Ejecutivo central a que explique su negativa a esta fórmula. 'Muchos ciudadanos no entenderán por qué se prohíbe el alquiler con opción a compra, que en regiones como Madrid supone un claro ahorro frente a los precios de la vivienda libre, y sin embargo sí se permite el alquiler con derecho a venta. Aquél por el que el promotor que construya casas para arrendar de precio concertado (destinadas a las rentas medias) pueda venderlas a precio libre transcurridos diez años', pregunta Blasco.
Incertidumbres del sector
Desde Madrid se advierte que si el futuro plan estatal no logra el consenso deseado, se abrirán incertidumbres en el sector que pondrán en peligro la actividad promotora de estas viviendas, 'ya que había generado muchas expectativas'. Tal y como recuerda Juan Blasco, como Madrid tiene desde 1997 su propio plan de vivienda, puede darse la circunstancia de que el comprador deba elegir entre una VPO que mantendrá la calificación siempre u otra que podrá descalificar a los 15 años.