Argentina

Lavagna es partidario de renegociar 'cuanto antes' los contratos de servicios públicos

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, se ha mostrado partidario de renegociar 'cuanto antes' los contratos de los servicios públicos privatizados. Sin embargo, Lavagna ha aclarado que esta cuestión no es responsabilidad prioritaria de su cartera, sino de la de Planificación Federal, que dirige Julio de Vido.

No todos en el Gobierno argentino tienen la misma prisa por terminar con los tres años y medios de negociación de las tarifas de servicios públicos. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, que suele protagonizar disputas con el presidente Néstor Kirchner y sus colaboradores más fieles, opinó que se debe terminar 'cuanto antes' la discusión con los operadores para que comience a recuperarse la inversión, sobre todo en el sector energético, que padece escasez de gas.

El debate con las compañías de servicios públicos, entre ellas Edesur (Endesa), Telefónica y Aguas Argentinas (controlada por la francesa Suez y 25% de Aguas de Barcelona), está en manos de la Unidad de Renegociación (Uniren), que depende de Lavagna y del ministro de Planificación Federal y mano derecha de Kirchner, Julio de Vido.

Sin embargo, el jefe de Economía aclaró que 'no es (su) responsabilidad primaria', dado que las secretarías de Energía, Comunicaciones y Obras Públicas dependen de De Vido. Incluso, el año pasado Lavagna le ofreció a Kirchner retirarse de la Uniren ante la lentitud del proceso. El ministro de Economía viene proponiendo un aumento de tarifas de gas y electricidad desde finales del año 2002, cuando el presidente era Eduardo Duhalde. Kirchner se opuso a cualquier incremento hasta este año.

El ministro de Economía propuso ya en 2002 un aumento en las tarifas del gas y la electricidad

Con el mismo estilo de negociación de tómalo o déjalo con el que consiguió reestructurar su deuda pública, el Gobierno de Argentina planteó a las empresas energéticas nuevos contratos y una fecha para discutirlos en una audiencia pública, una suerte de debate abierto entre los funcionarios, los empresarios y los usuarios. Algunas compañías aceptaron la propuesta del Gobierno de elevar este año las tarifas un 15% sólo a los grandes consumidores y llegaron a esa cita con un acuerdo previo, pero otras no.

Edesur rechazó la iniciativa oficial en la audiencia pública del 20 de abril pasado. Lo mismo hizo Metrogas (controlada por la británica BP y 30% de Repsol YPF) dos días después.

Ni Endesa ni BP estaban dispuestas a acogerse a un incremento único y parcial de tarifas a cambio de renunciar a sus demandas contra el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por la pesificación y congelación de las tarifas en dólares.

Gas Natural BAN, en cambio, se avino a la propuesta del Gobierno en la audiencia del 13 de mayo pasado.

Los analistas interpretaron esa decisión como más política que económica, dada la fuerte apuesta que el presidente de su aliada Repsol YPF, Antoni Brufau, ha hecho por mejorar la relación con el Gobierno de Argentina. Después de las audiencias públicas, el Ejecutivo debe enviar al Congreso las propuestas finales de los contratos de servicios para su ratificación. En los casos de Edesur y Metrogas, el Gobierno ha tomado nota de las críticas de las empresas y algunas de ellas pueden incorporarse al convenio definitivo que elevarán al Poder Legislativo, según reconocieron fuentes del Ministerio de Planificación. El trámite de Gas Natural BAN será, con toda probabilidad, más sencillo.

Elecciones y desinversiones

El problema para las empresas radica en que en octubre próximo se celebran elecciones legislativas, por lo que se descarta que Néstor Kirchner adopte en los meses venideros cualquier medida que pueda ser impopular.

Sólo la crisis energética aceleró los tiempos en la negociación con las firmas del sector. En cambio, el Gobierno argentino no ha concretado todavía una propuesta formal a Telefónica y Aguas Argentinas, la operadora de la ciudad de Buenos Aires que vive una situación más apremiante porque lleva tres años en suspensión de pagos.

Suez y Agbar se retiraron a principios de mes de Aguas de la Provincia de Santa Fe por la indefinición de las tarifas y la empresa francesa amenazó con hacer lo mismo a fin de este año en Aguas Argentinas en el caso de que los precios se mantengan congelados. En cambio, Agbar ha manifestado su confianza en una próxima solución.