Solbes perfila un modelo de financiación aceptable para PSOE y PP
ntes de que llegue la hora de la verdad, en la Conferencia de Presidentes de julio, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, van a intentar negociar con las comunidades autónomas criterios comunes que sirvan de referencia para alumbrar el nuevo modelo de financiación.
Una de las primeras señales de la voluntad del Gobierno de llevar a la reunión de presidentes autonómicos una propuesta de financiación difícilmente cuestionable se ha dado en los últimos días en las intervenciones públicas de Vicente Álvarez Areces y de Emilio Pérez Touriño. El primero, como presidente de Asturias, compartió con Solbes y Sevilla una terminología común, la de conseguir 'espacios fiscales propios'. El segundo, como aspirante a la Presidencia de la Xunta, también se expresó ayer en la misma frecuencia política, con el añadido de su aspiración a negociar en un mismo bloque, con el respaldo unánime del Parlamento gallego, la reforma estatutaria y el nuevo modelo de financiación. Fuentes de la Ejecutiva socialista confirman que ya han existido reuniones informales y que en las próximas semanas se intensificarán los contactos para llevar a la Conferencia de julio una postura común a la que también se puedan sumar con comodidad las comunidades gobernadas por el PP.
La propuesta básica en la que concurren los intereses de las seis comunidades autónomas gobernadas por el PSOE gira alrededor de la transferencia a los distintos territorios de una capacidad normativa casi plena, con los límites que se deriven de una armonización fiscal mínima. Según la propuesta esbozada desde Asturias, ello quiere decir que llegará un momento en que las comunidades con mayor riqueza podrán autofinanciarse al 100% sin precisar de las transferencias de nivelación que hace la Administración central. Sólo las comunidades cuyo espacio fiscal propio no alcance a sufragar sus necesidades de financiación deberían acogerse a los mecanismos de nivelación, cuyo objetivo sería la igualdad en los grados de prestación de los servicios públicos.
La mayoría de los presidentes socialistas, con los correspondientes matices expuestos desde Cataluña, coinciden también en que el nuevo modelo debe buscar la igualación entre necesidades y recursos, de modo que dos comunidades con idénticas necesidades y capacidades tributarias obtengan el mismo volumen de recursos del sistema de financiación. Para ello no sólo se tendrá que tomar en cuenta el criterio estricto de población, sino también el envejecimiento y la dispersión.
Solbes quiere llegar a la Conferencia de Presidentes con un modelo que sea incuestionable por PSOE y PP
El futuro de la Agencia Tributaria
Según fuentes gubernamentales, también hay asentimiento en la actualización de los mecanismos de nivelación para garantizar que los servicios cedidos estén cubiertos por la oportuna financiación. En opinión del presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, 'sólo a través de la igualdad entre ingresos y gastos podrá garantizarse en el tiempo que los servicios traspasados se prestarán en los distintos territorios a un nivel similar, sin que ello suponga un mayor esfuerzo fiscal a asumir por parte de los ciudadanos'.
El futuro de la Agencia Tributaria tampoco implica, a los ojos del Gobierno, un conflicto irresoluble. De hecho, la mayoría de las comunidades aceptan que la Agencia sea reflejo de la descentralización de competencias, de forma que participen en su gestión desde el criterio de la máxima colaboración. El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, definió ayer las limitaciones con esta frase: 'Nadie aspira a que los Mossos d'Esquadra controlen los paraísos fiscales'.
Valencia, un referente que inquieta a Cataluña
El hecho de que el presidente valenciano, Francisco Camps, haya tomado la delantera a Cataluña en la presentación de su reforma estatutaria ha generado recelos en la Generalitat y entre los propios partidos catalanes, ante la hipótesis de que sea la comunidad valenciana la que termine marcando la pauta para el resto de las reformas estatutarias. El consejero catalán de Relaciones Institucionales, Joan Saura, fue ayer rotundo durante un almuerzo con periodistas en Madrid: 'Si alguien piensa que el Estatuto de Cataluña se va a hacer en las Cortes valencianas, se equivoca'.La financiación ha sido el gran escollo que han tenido que salvar PP y PSPV-PSOE en la negociación de la reforma del Estatuto de la Comunidad valenciana. Si bien la redacción final no incluye un modelo de financiación concreto sí se incorporan en el nuevo texto determinados aspectos, con una redacción medida hasta la última coma, que apuntan las líneas de un futuro debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.El nuevo Estatuto valenciano respeta la multilateralidad en la negociación de la financiación autonómica, es decir, un modelo igual para todos acordado por todas las comunidades autónomas. Rechaza, por tanto, que una comunidad pueda negociar directamente con el Estado su modelo propio.La necesidad de una 'suficiencia financiera' para ejercer todas las competencias que tiene una autonomía como la valenciana está ahora muy lejos de ser real, como demuestra el fuerte endeudamiento de la Generalitat. La sanidad, por ejemplo, arrastra un continuo déficit que el Gobierno autonómico difícilmente podrá solventar con el sistema actual, aunque este caso concreto puede salir de la negociación global para prestarle una especial atención.El desfase entre lo que recauda y percibe la Generalitat valenciana deberá, por tanto, ser corregido, según el nuevo Estatuto, 'atendiendo especialmente a criterios de población'. Ese es uno de los caballos de batalla de comunidades autónomas como las del litoral mediterráneo. Aunque la redacción final lo ha suavizado con la expresión 'criterios de población', la intención del PSOE durante la negociación era reclamar una aproximación a la media de la financiación per cápita. Si bien en todas las comunidades autónomas este parámetro ha crecido con el nuevo sistema de financiación -pasando de 1.987 euros a 2.819 euros en los territorios Lofca- en la Comunidad valenciana ha pasado de 1.893 euros a 2.324 euros, un incremento que, sin embargo, ha supuesto un alejamiento, del 86% al 77%, de la financiación media.