Vivienda para las clases medias
El borrador del Plan de Vivienda para el periodo 2005-2008 prevé la promoción de casas protegidas para familias de clase media que ingresen entre 5,5 y 6,5 veces el Indicador de Rentas Públicas con Efectos Múltiples (Iprem). Es decir, unos 42.000 euros anuales. Dicha cifra será sensiblemente superior en comunidades autónomas con niveles de rentas y precios más elevados como la de Madrid, donde se espera que el tope de ingresos establecido ronde los 67.000 euros.
Con esta fórmula, el Gobierno responde a la demanda creciente de muchas familias que se sentían en terreno de nadie. Familias que son demasiado ricas para acceder a la VPO tradicional y demasiado pobres para poder permitirse la compra de un piso en el mercado libre. La propuesta resultará, además, bastante atractiva para los promotores inmobiliarios, ya que esta tipología de VPO será un 20% más cara que la tradicional. De hecho, el Gobierno pretende poner tope al porcentaje de viviendas protegidas que podrán ser de 'gama alta' (un tercio del total) ante el temor a que los promotores se vuelquen sólo en este tipo de VPO.
Otra de las propuestas del equipo de María Antonia Trujillo es prolongar la calificación de VPO a toda la vida útil del inmueble, para luchar contra la especulación con este tipo de casas protegidas. La VPO podrá venderse a los diez años de su compra (límite que varía, según las comunidades), pero sólo a alguien que sea demandante oficial de vivienda protegida. Además, no podrá venderse a cualquier precio, sino al equivalente de la VPO más cara en ese momento o al resultante de sumar al precio inicial el aumento del IPC. Y quienes transmitan la VPO antes de un plazo de diez años deberán devolver las ayudas recibidas.
Se trata de medidas tan razonables que sorprende que no estén en vigor hace muchísimo tiempo. De su aplicación rigurosa dependerá no sólo el bienestar de muchas familias, sino también la pervivencia futura del propio modelo de vivienda protegida.