El sector del motor acusa a la UE de favorecer a Siemens

Los tacógrafos digitales se han convertido en motivo de gresca. El Gobierno quiere que la ley que regula su implantación entre en vigor el 5 de agosto. Fabricantes y la patronal de concesionarios Faconauto, por contra, piden una moratoria y acusan a la CE, impulsora de la medida, de moverse al dictado de empresas como Siemens.

Los concesionarios de vehículos aseguran que el proyecto de orden ministerial que elaboró el Ministerio de Fomento 'no considera la opinión de los distintos agentes del sector implicados, como transportistas, los distribuidores y, principalmente, los reparadores', según explica Rafael García Jiménez, vicepresidente segundo de la patronal y responsable del área de vehículos industriales. 'La ley responde claramente a los intereses de la alemana Siemens' y de su filial VDO.

Hasta ahora, todos los datos de un vehículo de transporte -desde la distancia recorrida por el vehículo, la velocidad, el tiempo de conducción- se almacenaban en un disco que reflejaba toda la información sobre un disco de papel. La CE, en un intento de regular los tiempos de descanso, decidió que a partir de 2004, los vehículos de transporte de más de 3,5 toneladas y los vehículos de viajeros que transporten a nueve pasajeros tendrían que llevar un tacógrafo digital.

Sin embargo, Loyola de Palacio, por entonces comisaria de Transportes, decidió retrasar la entrada en vigor de los tacógrafos hasta el próximo 5 de agosto. Entonces, todos los datos de los viajes de los transportistas deberán quedar almacenados en unas tarjetas de memoria -que emitirá la Dirección General de Tráfico- que se introducirán en un tacógrafo digital. Esta medida afecta a unos 10 millones de conductores, 400.000 empresarios de flotas y 30.000 centros técnicos.

Tanto Faconauto como los fabricantes, agrupados en la patronal europea Acea, creen que el plazo impuesto sigue siendo demasiado apresurado. Las razones apuntadas por García Jiménez son que Siemens y sus escasos competidores no tendrán producción suficiente para abastecer las demandas del mercado.

Tampoco existirá servicio de asistencia de reparación, puesto que la ley concede sólo a los distribuidores de tacógrafos la potestad de nombrar a los centros reparadores y de impartir la formación necesaria para la reparación las averías de estos aparatos.

Según fuentes de los concesionarios, Siemens no ha formado todavía a nadie sobre el modo de reparar estos aparatos. Además, es previsible que no exista un número suficiente de centros de reparación de tacógrafos en el mercado. García Jiménez, además, apunta a que se ha de clarificar a partir de qué fecha deben estar equipados los vehículos con el nuevo tacógrafo, ya que en la actualidad existen muchos vehículos en stock equipados con un tacógrafo analógico. Esto es así debido a que cuando los puntos de ventas adquirieron los vehículos a las marcas, no existía la obligación de instalar los digitales.

La posición de la CE y del Gobierno español, partidarios de respetar los plazos previstos, cuenta con la oposición del Parlamento Europeo, que aboga por aplazar hasta 2006 su entrada en vigor. Fuentes del sector, en cualquier caso, aseguran que es probable que el Gobierno pacte en breve una solución satisfactoria para todas las partes.

Cumplimiento 'a rajatabla' de la ley

El gigante industrial alemán Siemens aseguró ayer que la compañía está 'cumpliendo a rajatabla' lo estipulado en los textos legales aprobados por el Gobierno para aplicar las directrices de la Comisión Europea. 'Fomento e Industria dijeron adelante y nosotros nos pusimos en marcha', aseguraron ayer fuentes de la empresa, que añadieron que el calendario establecido desde Bruselas 'es complejísimo' y que es 'imposible' que se ponga en marcha para favorecer a una empresa o a un sector. Destacaron, además, que la situación es distinta en cada país, y que sólo España, Francia, Italia y Alemania están en disposición de introducir los aparatos.Las mismas fuentes aseguraron respecto a los cursos de formación que han de impartir que éstos ya se han puesto en marcha desde que se aprobó el proyecto de orden ministerial.