Caldera, 500.000 inspecciones y '59 Segundos'
Pocas cuestiones socioeconómicas tienen la importancia y provocan la sensibilidad colectiva como el fenómeno de la inmigración. Además, su relevancia es creciente, como se desprende de las encuestas del CIS, según las cuales el porcentaje de españoles preocupados por la inmigración ha aumentado significativamente hasta situarse en el 24%, cuando hasta hace poco no llegaba al 10%.
Sin duda, la inmigración incorpora para España aspectos claramente positivos. Para empezar es el síntoma de nuestro ingreso en el club de los países más desarrollados. Además, la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo aumenta la población cotizante a la Seguridad Social y contribuye a la suficiencia del sistema. Son una fuerza de trabajo que ocupa espacios laborales progresivamente abandonados por trabajadores españoles. Así, según la Memoria del Consejo Económico y Social, el 52% de las trabajadoras inmigrantes lo hacen en el servicio doméstico o en la hostelería (frente al 11% de las trabajadoras españolas); el 47% de los trabajadores inmigrantes lo hacen en los sectores agrario y de la construcción (frente al 24% de los trabajadores españoles); y el 40% de los trabajadores inmigrantes tienen empleos sin ninguna cualificación ni especialización (frente al 11% de los trabajadores españoles).
Pero la inmigración también incorpora aspectos menos positivos. Entre ellos, la marginalidad social, el trabajo ilegal, la delincuencia organizada alrededor de la entrada clandestina en nuestro país, o la propia delincuencia vinculada a la población inmigrante. Al respecto, según datos aportados en la publicación æpermil;xodo por el coordinador del Foro,Ignacio Ellacuría, la relación entre detenciones anuales y población es un 5% entre los inmigrantes, notablemente más alta que entre los españoles. En el mismo sentido, la proporción de inmigrantes condenados judicialmente triplica -6% frente a 2%- a la proporción de residentes condenados (incluidos inmigrantes y españoles).
Sin duda, unos y otros motivos confluyen para que la polémica sobre el recién finalizado proceso de regularización de inmigrantes haya sido, esté siendo y vaya a ser en el futuro, muy intensa. Una muestra la tuvimos la semana pasada en 59 Segundos, el programa de TVE-1 que utilizó su peculiar formato para acoger un debate sobre el tema. En dicho debate, los participantes fueron desgranando las luces y las sombras del proceso.
Así, se alegó que el proceso en su diseño y en su desarrollo ha alcanzado un alto consenso político y social: el Gobierno y sus apoyos parlamentarios, los sindicatos, varias ONG. Pero también se puso de manifiesto que ha recibido serias críticas : la oposición política, los responsables gubernamentales de Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Francia - especialmente corrosivo ha sido el ministro del Interior francés, el otrora jaleado De Villepin-. También se argumentó el carácter positivo y novedoso que tiene vincular la regularización al mercado de trabajo, basando aquélla en la aportación de un contrato de trabajo a favor del inmigrante ex-ilegal, si bien es cierto que se ha sabido que cuando iban 300.000 solicitudes, tan sólo se habían aportado 15.000 altas en la Seguridad Social, por lo que habrá que esperar a ver cuántas de las 700.000 solicitudes recibidas finalmente acaban con contratos legales y por tanto en regularización definitiva. Por su parte, la asociación hispano-ecuatoriana ha puesto de relieve que el proceso ha provocado el despido de muchos trabajadores inmigrantes.
Se achacó al ministro un cierto desorden y caos en el proceso, fruto de improvisaciones, cambios de criterio y fallos organizativos. En estas semanas, las colas ante oficinas públicas han vuelto a formar parte del paisaje urbano de nuestras ciudades- pero es verdad que los responsables pueden alegar la defensa del bombero: si apago un incendio, no me acusen de encharcar el suelo.
Existen sin embargo dos momentos del debate en los que el ministro Caldera no ha estado afortunado. Primero, cuando con una contundencia impropia de cualquier estimación, cifra en 100.000 el número de inmigrantes ilegales que restan en España. Y además, lo estima a partir de los datos ¡del padrón!, cuando hacía unas semanas que al justificar el procedimiento de empadronamiento por omisión, había desautorizado los datos del padrón, alegando que el inmigrante ilegal no se registraba en el mismo. El otro desafuero de Caldera se produce cuando reitera que a partir de ahora van a hacerse 500.000 inspecciones laborales serias y rigurosas para detectar a los empresarios incumplidores. Ya le han contestado los inspectores de trabajo que eso es imposible, y la lógica matemática apunta a que son los funcionarios los que dicen la verdad. En efecto, las 500.000 inspecciones de Caldera o no se realizarán o no serán serias y rigurosas, porque para cumplir con esa cifra, el ministerio de Caldera debería hacer 62.500 inspecciones mensuales, 3.125 diarias, 390 cada hora, y 6 durante cada intervención de cada participante, excluídas las del ministro en el programa 59 Segundos.